Y no… el verdadero problema para él no es que ya no podrá ir a gastarse el dinero de los mexicanos en juegos de la MLB, ropa de diseñador y hoteles de lujo. Eso es lo de menos. El problema radica en lo que podría venir después.

En distintos casos de políticos mexicanos señalados por presuntos nexos con el crimen organizado, el retiro de la VISA ha sido una señal previa a las investigaciones en su contra. Ahí están casos recientes como los de Marina del Pilar y otros políticos mexicanos que han enfrentado restricciones migratorias en medio de investigaciones y acusaciones. Por eso, la VISA debería ser el menor de los problemas para el régimen. La verdadera pregunta es: ¿qué información tiene Estados Unidos sobre Andy López Beltrán?

Porque tampoco le quitaron la VISA a cualquier político. Se la retiraron al hijo de Andrés Manuel López Obrador, el hampón político más poderoso que ha dado México en las últimas décadas y cabeza absoluta del régimen que hoy gobierna el país. Es un golpe directo al corazón del obradorismo y un mensaje bastante claro desde Washington: los apellidos y el poder que puedas tener en México no te protegen fuera del país.

Una carta para el obradorismo

Hay que entender también que la carta que “escribió” Andy no parece estar realmente dirigida a Donald Trump ni a su gobierno. Está dirigida al obradorismo. Es una manera de intentar curarse la vergüenza, justificar lo sucedido ante sus seguidores y comenzar a construir anticipadamente la narrativa del perseguido político.

Porque ¿con qué cara reclamas la cancelación de tu VISA mientras llamas pandilleros, halcones y sectarios a funcionarios de enorme peso dentro de la diplomacia estadounidense? ¿Cómo demonios le pides al presidente Trump que revise tu caso si prácticamente en el mismo discurso describes a Estados Unidos como un país decadente, triste, lleno de problemas, odio, drogadicción y racismo?

Es evidente que Andy sabe que recuperar el visado es casi imposible. Pero políticamente necesita convertir su problema en persecución. Necesita ser el mártir. Necesita convencer al obradorismo de que no están actuando contra Andy López Beltrán, sino contra Morena, contra López Obrador y, eventualmente, contra México.

Y ahí está el verdadero fondo de todo esto. Como vulgarmente se dice: se están amarrando el dedo antes de la herida. Porque la posibilidad de que Estados Unidos tenga información de Andy y sus hermanos sobre nexos con la delincuencia organizada es un escenario altamente probable y el que más debería preocupar al obradorismo.

No podemos afirmar como un hecho que exista una investigación criminal contra Andy mientras las autoridades estadounidenses no lo hagan público. Pero sí podemos decir que las señales se están acumulando. Y una de ellas vino del propio Andy.

Andy ya venía preparando el terreno

Hace poco, durante una entrevista con “El Chapucero”, uno de los paleros más leales a la 4T, prácticamente toda la intervención de Andy giró alrededor de un mismo tema: Estados Unidos y la supuesta intervención extranjera.

Habló de que la oposición quiere una intervención, aseguró que durante sus recorridos casa por casa precisamente le explica a la gente que debe estar preparada ante ese riesgo y, cuando fue cuestionado sobre la posibilidad de que ese escenario ocurriera, reconoció que lo consideraba posible. También expresó su molestia porque integrantes de la oposición mexicana viajen a Estados Unidos para denunciar a políticos de Morena.

¿Por qué tanta preocupación? ¿Por qué Andy López Beltrán estaba hablando anticipadamente de Estados Unidos, intervención extranjera y preparaba a la gente para ese escenario? Y justo días después ocurre la revocación de su VISA. Cada quien puede sacar sus propias conclusiones, pero resulta difícil ignorar la coincidencia.

La familia López no es la patria

Ahora Andy y Morena quieren vendernos la idea de que, si Estados Unidos va contra él, entonces estamos frente a un problema nacional de soberanía. Por supuesto que no. Que le retiren la VISA o que eventualmente investiguen a un político de dudosa reputación como Andy López Beltrán no significa que estén atacando a México.

Es un problema de él, no del país. Ningún mexicano perdió su soberanía porque Andy ya no pueda entrar a Estados Unidos. Morena intenta deliberadamente convertir los problemas particulares de la familia López en problemas nacionales porque necesita que sus seguidores confundan la defensa de una familia política con la defensa de México.

Y no. La familia López no es la patria. De hecho, considero que uno de los actos más patrióticos que puede realizar un mexicano actualmente es oponerse políticamente a un régimen que tanto daño le ha hecho al país. México existía antes de López Obrador, existe sin López Obrador y seguirá existiendo cuando el obradorismo desaparezca.

¿Qué sabe Estados Unidos?

Por cierto, hay otro dato que merece atención. Según información que me han compartido, Andrés Manuel López Obrador y el propio Andy se habrían comunicado con Rosa Icela Rodríguez para preguntarle si existía información dentro del gobierno mexicano sobre posibles investigaciones estadounidenses contra Andy. La secretaria habría respondido que no tenía conocimiento de ello.

También sé, por una fuente cercana al grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, que la presidenta Claudia Sheinbaum no habría mostrado demasiada preocupación por la situación de Andy. Y tampoco sería extraño. Es bien sabido que Andy no es precisamente santo de su devoción y mucho menos necesariamente su opción favorita pensando en la sucesión presidencial.

Mientras los intereses del obradorismo y los de Claudia Sheinbaum caminen en la misma dirección, podrán seguir aparentando que todo es unidad. El verdadero problema comenzará cuando esos intereses choquen. Porque si Estados Unidos incrementa la presión sobre personajes cercanos a López Obrador, tarde o temprano Claudia tendrá que decidir hasta dónde está dispuesta a desgastar su gobierno para defenderlos. Y entonces tendrá que elegir un bando.

Por eso insisto: la revocación de la VISA de Andy López Beltrán es el menor de los problemas para el régimen. Que ya no pueda viajar a Estados Unidos es anecdótico. Lo verdaderamente importante es saber por qué se la retiraron, qué información tienen las autoridades estadounidenses y qué decisiones podrían tomar después.

Porque si la cancelación de la VISA solamente fue el primer movimiento, entonces el problema para el obradorismo apenas comienza.

El primer paso es no abandonar nuestra voz: hablar no significa insultar, amenazar ni difundir información sin comprobar; significa expresar opiniones, hacer preguntas, señalar problemas y exigir explicaciones. Una ciudadanía que continúa hablando de manera responsable conserva un espacio de participación que difícilmente puede desaparecer mientras existan personas dispuestas a utilizarlo.

El segundo es informarnos mejor: una sociedad que quiere defender su libertad necesita ciudadanos capaces de distinguir entre hechos, opiniones, propaganda y desinformación. Compartir información falsa puede terminar debilitando una causa legítima. Por eso, verificar fuentes, comparar versiones y buscar evidencia no es solamente una práctica periodística; también es una forma de resistencia ciudadana.

El tercer elemento es utilizar diferentes espacios de expresión: la participación no depende de una sola plataforma. Escribir, conversar, publicar, participar en organizaciones civiles, acudir a espacios comunitarios, enviar solicitudes de información, participar en consultas y utilizar los mecanismos institucionales disponibles son diferentes maneras de mantener activa la voz ciudadana. Cuando una puerta se cierra, una sociedad participativa busca otras formas legales y pacíficas de hacerse escuchar.

El cuarto es organizarse: la psicología social muestra que las personas pueden sentirse impotentes cuando enfrentan individualmente un problema que perciben como demasiado grande. La participación colectiva cambia esa percepción. Una persona puede sentirse insignificante frente al poder, pero muchas personas organizadas alrededor de una causa común pueden generar conversación pública, exigir respuestas y mantener un tema visible.

El quinto es perder el miedo al desacuerdo: una democracia no puede depender de que todos pensemos igual. Podemos cuestionar al gobierno y, al mismo tiempo, respetar a quienes lo apoyan. Podemos defender una posición política sin convertir al ciudadano que piensa diferente en nuestro enemigo. La capacidad de disentir sin deshumanizar al otro es una de las mejores defensas psicológicas contra la polarización.

El sexto es no permitir que el enojo nos controle: la indignación puede ser una poderosa fuente de energía para participar, pero también puede llevarnos a reaccionar impulsivamente. Antes de publicar algo, conviene detenernos y preguntarnos: ¿esto fortalece mi argumento o solamente descarga mi enojo? Transformar la indignación en información, organización y participación resulta mucho más efectivo que convertirla en agresión.

El séptimo consiste en documentar: cuando los ciudadanos observan decisiones, declaraciones o acontecimientos que consideran preocupantes, registrar información verificable permite construir memoria pública. Fechas, documentos, declaraciones y fuentes confiables pueden tener mucho más peso que una publicación emocional. Una ciudadanía que documenta no solamente protesta: construye evidencia para el futuro.

El octavo es apoyar a quienes también levantan la voz: la participación ciudadana no debería convertirse en una competencia por quién habla más fuerte. Compartir información confiable, escuchar a otros, reconocer el trabajo de periodistas, investigadores, organizaciones y ciudadanos que realizan denuncias fundamentadas puede ayudar a crear una red social de participación. Cuando las personas sienten que no están solas, disminuye la sensación de impotencia.

El noveno es participar también fuera de las redes sociales: las plataformas digitales permiten amplificar una opinión, pero la ciudadanía no comienza ni termina en internet. Votar, participar en organizaciones comunitarias, asistir a reuniones, presentar peticiones, exigir transparencia y conocer los mecanismos legales disponibles son formas concretas de transformar una preocupación en participación. La voz ciudadana adquiere mayor fuerza cuando se convierte también en acción.

Finalmente, es necesario mantener la perseverancia sin perder el equilibrio emocional: la frustración puede llevar a muchas personas a abandonar sus esfuerzos porque sienten que nada cambia. Sin embargo, la participación democrática es un proceso de largo plazo. Levantar la voz no significa gritar permanentemente; significa mantenerse presente, informado, organizado y dispuesto a participar incluso cuando los resultados no son inmediatos.

Una ciudadanía que deja de hablar por miedo, cansancio o indiferencia termina entregando voluntariamente un espacio que después puede ser difícil recuperar. Pero levantar la voz tampoco significa vivir en confrontación permanente. Significa conservar la capacidad de preguntar, cuestionar, exigir, organizarse y expresar desacuerdos de manera responsable. La fuerza de una sociedad no está solamente en quienes ocupan el poder, sino también en ciudadanos que recuerdan que tienen voz y deciden utilizarla.

La pregunta, entonces, no debería ser únicamente “¿cómo evitamos que nos callen?”, sino también “¿qué estamos dispuestos a hacer para seguir participando?”. Porque la libertad de expresión no se mantiene únicamente porque esté escrita en una ley; se mantiene cuando una sociedad la ejerce, la defiende y enseña a las nuevas generaciones que disentir no es una amenaza, sino una parte indispensable de la vida democrática.

Si hay que señalar un momento decisivo, fue la reforma de 2014.

El viejo Instituto Federal Electoral tenía una tarea relativamente sencilla de explicar: organizar elecciones federales confiables, mantener actualizado el padrón, instalar casillas, capacitar ciudadanos y garantizar que los votos se contaran correctamente.

Su legitimidad dependía principalmente de cumplir bien esas funciones. El árbitro organizaba la elección y procuraba que los participantes compitieran sobre una cancha razonablemente pareja.

Con los años, México comenzó a cargar sobre la autoridad electoral una cantidad creciente de responsabilidades regulatorias.

Una primera expansión importante ocurrió después de la elección presidencial de 2006. La reforma de 2007-2008 convirtió al IFE en administrador único de los tiempos del Estado en radio y televisión en materia electoral. También extendió a personas físicas y morales la prohibición de contratar propaganda dirigida a influir en las preferencias electorales. El propio INE reconoce que el modelo actual de administración de tiempos en radio y televisión nació de aquella reforma.

Pero en 2014 ocurrió el cambio más profundo.

El IFE desapareció y nació el Instituto Nacional Electoral. La autoridad adquirió carácter nacional, comenzó a intervenir directamente en las elecciones locales, recibió facultades para designar a los consejeros de los organismos electorales estatales, concentró la fiscalización federal y local y obtuvo facultades para asumir funciones que antes correspondían a los institutos de los estados. El propio INE describió aquella transformación como el nacimiento de una autoridad nacional dotada de nuevas atribuciones.

El árbitro se convirtió en un enorme regulador de la política mexicana.

Hoy administra tiempos de radio y televisión, fiscaliza ingresos y gastos, investiga actos anticipados de campaña, vigila propaganda, dicta medidas cautelares, interviene en elecciones estatales, establece criterios sobre procesos internos de los partidos y participa en procedimientos que pueden terminar con publicaciones retiradas de internet.

La acumulación de atribuciones cambió la naturaleza del instituto.

Un organismo dedicado principalmente a instalar casillas y contar votos podía causar un daño enorme si desempeñaba mal esas tareas. Un organismo capaz de decidir cuándo comenzó una campaña, cuánto puede gastarse, qué constituye propaganda, qué expresiones producen una infracción y qué publicaciones deben retirarse puede intervenir sobre la competencia política mucho antes de que alguien deposite una boleta.

Mientras más poder acumula el árbitro, más depende todo el sistema de su independencia, prudencia e imparcialidad.

Y la expansión llegó hasta un extremo especialmente preocupante: el aparato electoral puede terminar sancionando a ciudadanos por sus críticas a políticos.

El caso de Karla María Estrella Murrieta lo demuestra.

El 14 de febrero de 2024 publicó en X un mensaje en el que cuestionaba la candidatura de Diana Karina Barreras y sugería que su esposo, el político morenista Sergio Gutiérrez Luna, había influido para conseguirla. El mensaje decía: “Así estaría el berrinche de Sergio Gutiérrez Luna para que incluyeran a su esposa, que tuvieron que desmadrar las fórmulas para darle una candidatura. Cero pruebas y cero dudas”.

Barreras denunció violencia política contra las mujeres en razón de género y el aparato electoral comenzó a funcionar.

Karla Estrella terminó multada, obligada a tomar un curso, inscrita durante un año y seis meses en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres y condenada a publicar durante 30 días consecutivos una disculpa establecida por la autoridad.

La enorme maquinaria jurídica del Estado cayó sobre una ciudadana por un tuit en el que cuestionó un posible caso de nepotismo político.

Ahí tenemos una inversión muy peligrosa de la relación entre poder y ciudadanía.

Las leyes deberían servir principalmente para limitar al poder frente al ciudadano, no para limitar al ciudadano frente al poder. La crítica política merece una protección especialmente amplia porque quien busca un cargo público debe someterse a un grado de escrutinio mucho mayor que un particular.

Los políticos tienen partidos, estructuras, presupuesto, abogados, asesores, acceso a medios e instituciones.

El ciudadano solo tiene su voz.

Cuando el Estado utiliza toda su capacidad coercitiva para castigar una crítica política, la relación democrática comienza a voltearse de cabeza.

También en 2023, la Comisión de Quejas del INE ordenó retirar 159 publicaciones de Ricardo Salinas Pliego después de una denuncia de Citlalli Hernández.

Cada expediente tiene características jurídicas distintas. El patrón institucional, sin embargo, resulta evidente: construimos una autoridad electoral que ya tiene capacidad para entrar directamente en la conversación pública y decidir sobre expresiones realizadas por ciudadanos, periodistas y empresarios cuando éstos se enfrentan con personajes políticos.

El contraste resulta todavía más escandaloso cuando observamos lo que sucede actualmente rumbo a las elecciones de 2027.

Morena adelantó su proceso interno y organizó la selección de las llamadas Coordinaciones Estatales de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional. Las reglas establecidas por el propio partido contemplan encuestas para medir reconocimiento, cercanía y trabajo territorial, y señalan que quien resulte seleccionado como coordinador posteriormente se convertirá en candidatura.

Es difícil imaginar una descripción más transparente de un proceso de posicionamiento preelectoral.

Los aspirantes recorren estados, realizan asambleas, construyen reconocimiento, fortalecen estructuras y compiten por una posición que terminará convertida en candidatura.

La defensa de Morena llegó el 4 de agosto de 2026 por boca de Citlalli Hernández. Rechazó que se estuvieran realizando actos anticipados de campaña y sostuvo que se trataba de “activismo político”, porque no estaban solicitando el voto y todavía no había comenzado el proceso electoral.

El argumento sería divertido si el INE aplicara la misma imaginación jurídica a los ciudadanos.

Porque la legislación y los precedentes electorales llevan años precisamente intentando impedir que baste con cambiarle el nombre a una campaña para eludir las reglas.

El propio Tribunal Electoral ha establecido que los actos anticipados pueden producirse incluso antes del inicio formal del proceso electoral. También ha desarrollado criterios para analizar si existe una búsqueda de posicionamiento o apoyo aunque no aparezca literalmente una solicitud de voto.

Entonces la explicación de que todavía no existe proceso electoral resulta insuficiente.

Y decir que alguien realiza “activismo político” tampoco resuelve demasiado.

Morena ya perfeccionó esta ingeniería semántica en 2023. Claudia Sheinbaum todavía no era formalmente candidata presidencial cuando competía por convertirse en Coordinadora Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación. Después fue candidata y después presidenta.

Ahora tenemos coordinadores estatales.

Los aspirantes que buscan convertirse en candidatos todavía no son precandidatos. Los recorridos destinados a incrementar reconocimiento todavía no son precampañas. Las estructuras territoriales todavía son activismo. Las encuestas que decidirán quién terminará como candidato todavía forman parte de un proceso partidista.

Todo funciona mientras aceptemos que cambiarle el nombre a las cosas cambia también su naturaleza.

El INE puede escudriñar las palabras de Karla Estrella para determinar si un tuit merece una sanción, pero frente a cientos de políticos posicionándose anticipadamente parece sufrir una repentina incapacidad para interpretar el contexto.

Esa es precisamente la clase de problema que produce un sistema sobrerregulado cuando las reglas dejan de aplicarse con la misma intensidad.

Y aquí entra Guadalupe Taddei.

Porque la concentración de atribuciones sería menos peligrosa si quienes administran el Instituto disfrutaran de una confianza extraordinaria. La presidencia de Taddei acumula ya demasiados episodios de opacidad, posibles conflictos de interés, contrataciones cuestionadas y decisiones administrativas polémicas como para ignorarlos.

Uno de los casos más graves es el de Jesús Octavio García González.

En enero de 2025 García participó como representante de Corporativo Zeg en una licitación del INE para suministrar urnas, mamparas y otros materiales de la elección judicial. El monto máximo era de aproximadamente 197 millones de pesos. Apenas siete meses después pasó del lado de los proveedores al lado de la administración: Guadalupe Taddei lo nombró responsable de la Dirección Ejecutiva de Administración del INE, una de las áreas que manejan los recursos y contrataciones del Instituto. El caso produjo una denuncia ante el Órgano Interno de Control por posible conflicto de interés y abuso de funciones.

El antecedente vuelve el asunto todavía más delicado.

Cuando Guadalupe Taddei presidía el Instituto Estatal Electoral de Sonora, ese organismo otorgó en 2021 un contrato de aproximadamente 46 millones de pesos a Cajas Graf, empresa que entonces representaba el mismo Jesús Octavio García González. Años después, Taddei llegó al INE y García terminó administrando recursos del organismo nacional.

La consejera Dania Ravel señaló públicamente que la responsabilidad del nombramiento correspondía exclusivamente a Taddei, pues una modificación legal permitió a la presidenta del Instituto designar directamente a titulares de direcciones ejecutivas y unidades técnicas sin que los demás consejeros validaran el perfil.

Taddei negó que existiera un conflicto de interés. García González finalmente dejó el cargo en abril de 2026, después de meses de cuestionamientos.

Y ese no es el único episodio.

En enero de 2026 se conoció que el INE había adjudicado un millón 57 mil 688 pesos para producir un documental sobre la elección judicial a Gilberto Solís Mendívi, identificado como cercano a Lourdes Piña, asesora de Guadalupe Taddei. Otros consejeros se deslindaron de la contratación.

Por las mismas fechas, integrantes del Consejo descubrieron que en instalaciones del INE se habían colocado cámaras de vigilancia con micrófonos, torniquetes, lectores electrónicos y otros sistemas de seguridad sin que la decisión hubiera sido discutida con ellos. Martín Faz reclamó que la información había llegado “a cuentagotas”, que se les había informado de una asignación directa y que ni siquiera conocían inicialmente el costo ni el proveedor. Parte de la información fue reservada argumentando razones de seguridad.

Aquí ya no hablamos únicamente de diferencias ideológicas entre consejeros. Estamos hablando de cómo se gasta el dinero, quién recibe contratos, quién es nombrado para administrarlo y cuánto conocen de esas decisiones los propios integrantes del Consejo General.

También resultó polémica la llegada de Claudia Arlett Espino a la Secretaría Ejecutiva del Instituto, propuesta por Taddei. Fue aprobada por diez votos contra uno mientras enfrentaba investigaciones por presuntas irregularidades relacionadas con su etapa en el Instituto Electoral de Chihuahua. Carla Humphrey fue la única consejera que votó en contra y planteó cuestionamientos jurídicos sobre su nombramiento.

A esto se suma una cercanía política que inevitablemente pesa sobre la percepción de independencia de la presidenta del árbitro electoral. Integrantes de la familia Taddei han ocupado distintos puestos en administraciones vinculadas con la llamada Cuarta Transformación. Su hijo, Luis Rogelio Piñeda Taddei, por ejemplo, recibió un cargo en el gobierno de Sonora encabezado por Alfonso Durazo.

Nada de esto autoriza a inventar culpabilidades. Una denuncia por conflicto de interés no equivale a una sentencia y una contratación cuestionada tampoco demuestra automáticamente corrupción.

Pero tampoco podemos fingir que todo esto es irrelevante.

Cuando una institución concentra semejante capacidad para regular a partidos, candidatos y ciudadanos, la sospecha de conflicto de interés de quien administra cientos de millones de pesos importa. La opacidad importa. Los vínculos políticos importan. Los nombramientos cuestionados importan.

Y sobre todo importa porque el problema institucional va mucho más allá de Guadalupe Taddei.

Durante décadas México respondió a cada controversia electoral añadiendo una regulación nueva.

Cuando preocupaba el dinero, aumentamos la fiscalización. Cuando preocupaban los medios, regulamos los tiempos de radio y televisión. Cuando preocupaban las campañas adelantadas, creamos prohibiciones contra los actos anticipados. Cuando la conversación política se trasladó a las redes sociales, el aparato sancionador terminó llegando también a las redes.

Cada medida podía parecer razonable aisladamente. Acumuladas, construyeron un monstruo regulatorio.

Cada nueva prohibición necesita una definición. Cada definición necesita criterios. Cada criterio produce excepciones. Cada excepción genera litigios. Y al final dejamos una cantidad enorme de decisiones políticas en manos de quienes interpretan las reglas.

Cuando el árbitro pierde independencia o credibilidad, las mismas facultades concebidas para garantizar una competencia justa se convierten en herramientas extraordinariamente poderosas para distorsionarla.

Una regulación sobre actos anticipados puede impedir que alguien se adelante ilegalmente o puede tolerarse mientras el partido gobernante llama “activismo” a sus recorridos.

Una regulación de propaganda puede proteger la equidad o utilizarse selectivamente.

Una legislación concebida para proteger a las mujeres de auténtica violencia política puede terminar obligando a una ciudadana a disculparse durante treinta días por cuestionar el posible nepotismo de una política.

El problema de darle demasiado poder al árbitro aparece cuando alguien consigue controlar al árbitro. Entonces las reglas dejan de ser únicamente límites para el poder. También pueden convertirse en barreras para quienes compiten contra él.

Por eso creo que idealizamos demasiado al INE cuando discutimos su futuro. El viejo IFE también tuvo problemas y la expansión de sus facultades había comenzado desde la reforma de 2007. Pero en 2014 cambió definitivamente su naturaleza. México pasó de una autoridad esencialmente federal a una institución nacional que fiscaliza, administra, supervisa, interpreta, sanciona y participa prácticamente en todos los rincones de la competencia política.

Un buen instituto electoral tendría que hacer extraordinariamente bien unas cuantas tareas fundamentales: mantener un padrón confiable, instalar casillas, garantizar que todos puedan votar, contar correctamente los votos, fiscalizar con reglas claras el dinero de las campañas y ofrecer resultados verificables.

Mientras más sencillo sea el reglamento, menos margen existe para aplicarlo de manera distinta dependiendo de quién esté enfrente. Mientras menos facultades discrecionales tenga una autoridad, menos rentable resulta capturarla.

La obsesión mexicana por controlar cada aspecto de la política produjo exactamente el riesgo que pretendíamos evitar: un árbitro tan poderoso que controlar al árbitro puede ser más importante que violar las reglas del juego.

Ahí comenzó la decadencia institucional que hoy resulta evidente. El árbitro que se supone debería garantizar la democracia, se convirtió en la herramienta de una dictadura.

Y por eso el problema actual del INE ya no consiste solamente en preguntarnos si contará correctamente nuestros votos.

Tenemos que preguntarnos si aplicará con el mismo rigor las reglas al gobierno y a la oposición; si llamará campaña a una campaña aunque el partido en el poder decida llamarla “activismo”; si investigará con la misma energía a quienes controlan enormes estructuras partidistas que a una ciudadana que escribió un tuit; si administrará sus recursos sin conflictos de interés; y si conservará suficiente independencia para enfrentarse al poder cuando realmente sea necesario.

Le dimos demasiado poder al árbitro.

Ahora estamos descubriendo cuánto puede costarnos cuando damos demasiado poder a una institución, por “autónoma” que sea.

Cuando una sociedad comienza a preguntarse si expresar una opinión crítica puede traer consecuencias personales, la censura deja de ser únicamente un acto del Estado para convertirse en un proceso psicológico. Ese fenómeno es conocido como la espiral del silencio.

La teoría de la espiral del silencio, desarrollada por Elisabeth Noelle-Neumann, sostiene que las personas tienden a ocultar aquellas opiniones que consideran social o políticamente riesgosas. El miedo al aislamiento, al rechazo o a posibles represalias lleva a muchos individuos a callar, incluso cuando creen que sus ideas son legítimas. El resultado es una ilusión de consenso: mientras más personas guardan silencio, más parece que existe una sola opinión aceptable.

Desde la teoría política, esta dinámica representa uno de los mayores riesgos para una democracia. La libertad de expresión no desaparece únicamente cuando un gobierno prohíbe hablar; también puede debilitarse cuando los ciudadanos dejan de ejercer ese derecho porque perciben que hacerlo podría tener un costo demasiado alto. En ese escenario, la autocensura puede convertirse en una consecuencia indirecta de un clima de intimidación, independientemente de que exista una orden explícita para callar.

La psicología social explica que el miedo modifica la conducta humana de manera preventiva: las personas no necesitan experimentar un castigo para cambiar su comportamiento; basta con observar lo que sucede a otros.

Si periodistas, académicos, opositores o ciudadanos críticos enfrentan campañas de desprestigio, amenazas, procesos legales o cualquier otra consecuencia por expresar sus ideas, muchos observadores pueden concluir que el riesgo no vale la pena, y así el silencio comienza a expandirse mediante el aprendizaje social.

Precisamente por ello, algunos teóricos sostienen que el mecanismo de control más eficaz no consiste en castigar a todos los críticos, sino en lograr que unos pocos casos sean percibidos como una advertencia suficiente.

Cuando el miedo se instala en la percepción colectiva, la vigilancia deja de depender exclusivamente del Estado: son los propios ciudadanos quienes empiezan a vigilar sus palabras.

La autocensura suele comenzar de forma casi imperceptible: primero se evitan ciertos temas; después se suavizan las críticas; finalmente se opta por no participar en conversaciones públicas y, con el tiempo, el debate democrático pierde diversidad y las voces disidentes se vuelven menos visibles, no necesariamente porque hayan cambiado de opinión, sino porque han decidido no expresarla.

Este fenómeno puede verse reforzado cuando desde el poder se descalifica sistemáticamente a quienes cuestionan las decisiones gubernamentales y se expone a periodistas, académicos, organizaciones civiles o ciudadanos críticos como enemigos, traidores o adversarios, y esto puede aumentar la percepción de riesgo entre quienes observan el debate público.

Aunque el objetivo declarado sea responder a las críticas, algunos analistas consideran que este tipo de discursos puede producir un efecto inhibidor sobre la participación ciudadana.

De igual manera, las propuestas para regular medios de comunicación, plataformas digitales o contenidos públicos suelen generar un debate: el gobierno argumenta que buscan proteger derechos o combatir la desinformación; sus críticos advierten que, dependiendo de su diseño e implementación, podrían abrir espacios para restringir el debate público o incentivar la autocensura.

En una democracia, el problema no comienza cuando todas las voces son silenciadas; comienza cuando un número creciente de ciudadanos deja de hablar por precaución. La autocensura es especialmente difícil de detectar porque no deja expedientes, decretos ni prohibiciones visibles; se manifiesta en conversaciones que nunca ocurren, publicaciones que nunca se escriben y preguntas que nadie se atreve a formular.

La mayor fortaleza de una sociedad democrática no consiste en que todos estén de acuerdo, sino en que las personas puedan disentir sin miedo.

Cuando la crítica se convierte en una actividad percibida como riesgosa, la espiral del silencio empieza a girar. Y cuando el miedo sustituye al intercambio libre de ideas, la censura ya no necesita imponerse desde arriba: comienza a reproducirse desde el interior de los propios ciudadanos.

La historia demuestra que las democracias no suelen perder la libertad de expresión de un día para otro. Con frecuencia, esta se erosiona gradualmente, mediante pequeños cambios que normalizan el silencio, desalientan el disenso y hacen que la autocensura parezca una decisión prudente. Por ello, toda sociedad democrática debe mantenerse vigilante frente a cualquier circunstancia que pueda convertir el miedo en un factor determinante de la participación pública.

La verdadera fortaleza de una democracia se mide por la capacidad de sus ciudadanos para hablar con libertad, incluso cuando sus opiniones resultan incómodas para quienes ejercen el poder.

Al final, la pregunta más importante no es si un gobierno puede censurar, sino si los ciudadanos comienzan a censurarse a sí mismos por miedo a las posibles consecuencias de expresar sus ideas. ¿Puede una sociedad considerarse verdaderamente libre cuando el silencio parece más seguro que la crítica? ¿En qué momento la prudencia deja de ser una elección responsable para convertirse en una renuncia a la libertad de expresión? Y, si la espiral del silencio avanza lentamente, ¿seremos capaces de reconocer que estamos perdiendo el derecho a disentir antes de que el silencio se convierta en la nueva normalidad?

El clientelismo no necesita obligar a nadie a votar; su mayor fortaleza es mucho más sutil: construir un vínculo emocional entre el ciudadano y quien gobierna. La ayuda deja de entenderse como un derecho garantizado por las instituciones y comienza a percibirse como un regalo del gobernante. Ese cambio de percepción modifica profundamente la relación entre el Estado y la ciudadanía.

La psicología demuestra que los seres humanos tendemos a corresponder cuando sentimos que alguien nos ha beneficiado. La gratitud es una emoción noble en las relaciones personales, pero puede ser manipulada cuando se utiliza para construir lealtades políticas.

Si un ciudadano cree que su bienestar depende de la permanencia de un líder o de un partido, es más probable que su voto responda a la emoción que a una evaluación objetiva del desempeño del gobierno.

En ese momento ocurre un tema preocupante: el ciudadano deja de exigir y comienza a agradecer. En lugar de preguntarse si hay crecimiento económico, mejores hospitales, escuelas de calidad, seguridad o instituciones fuertes, concentra su atención en conservar el beneficio recibido, y el gobierno deja de ser un administrador temporal de recursos públicos y empieza a ser visto como un benefactor al que se le debe lealtad.

El clientelismo también alimenta el miedo: cuando se instala la idea de que un cambio de gobierno puede significar la pérdida de los apoyos sociales, el voto deja de ser completamente libre, la incertidumbre sustituye al debate de ideas y la preocupación por conservar un ingreso pesa más que el análisis de los resultados de quienes ejercen el poder.

Esta lógica beneficia a cualquier gobierno que pretenda perpetuarse.

Un ciudadano económicamente independiente suele exigir cuentas, comparar resultados y cuestionar decisiones. En cambio, un ciudadano convencido de que su estabilidad depende de un grupo político tiene menos incentivos para criticarlo.

La dependencia emocional puede convertirse en una barrera para la rendición de cuentas.

El problema no son los programas sociales. Una sociedad democrática necesita políticas que protejan a quienes enfrentan mayores dificultades. El problema aparece cuando esas políticas se diseñan, comunican o utilizan de manera que fortalezcan la imagen de un partido, en lugar de fortalecer la confianza en las instituciones del Estado.

Ninguna democracia se consolida cuando el voto nace del agradecimiento o del temor.

Una democracia madura requiere ciudadanos que comprendan que los recursos públicos no pertenecen a los gobernantes, sino a toda la sociedad.

Los políticos administran temporalmente esos recursos; no son sus propietarios ni sus benefactores.

La verdadera justicia social no consiste en crear ciudadanos agradecidos, sino ciudadanos libres. Una ciudadanía que depende emocionalmente del poder difícilmente podrá vigilarlo con objetividad. En cambio, una ciudadanía consciente de sus derechos entiende que ningún gobernante merece gratitud por administrar recursos que pertenecen a todos; lo que merece es evaluación, transparencia y rendición de cuentas.

La historia demuestra que el clientelismo puede ser una de las formas más eficaces de conservar el poder porque no necesita recurrir a la fuerza: basta con transformar un derecho en un favor y una política pública en una deuda emocional.

Mientras los ciudadanos confundan al Estado con quien ocupa temporalmente el gobierno, la democracia seguirá siendo vulnerable. La verdadera libertad política comienza cuando el voto deja de ser un acto de agradecimiento y se convierte en un juicio crítico sobre quienes aspiran a gobernar.

No hace falta creer las teorías que la justicia española ya archivó para ver el problema mexicano: recursos públicos, repartidos en diez secretarías, financiando la propaganda de un político extranjero que además la usa para promover al gobierno que se los paga.

En la base de datos de CompraNet/ComprasMX aparece un proveedor con un nombre que delata su oficio: Agitprop Iglesias & Armendáriz, S. de R.L. de C.V. Agitprop, contracción de “agitación y propaganda”, fue el término con que el bolchevismo bautizó su maquinaria de adoctrinamiento. La empresa que lo adoptó como marca ha firmado, entre 2025 y 2026, doce contratos con diez instituciones del gobierno federal mexicano por 5.6 millones de pesos, todos para difundir campañas oficiales en medios digitales. Su dueño es Pablo Iglesias Turrión: el hombre que fue vicepresidente de España, fundó Podemos y hoy dirige, desde un penthouse en la Ciudad de México, un canal de televisión por internet. Vale la pena preguntar quién es, qué hace su empresa con dinero mexicano, y por qué su nombre arrastra, desde Europa, una sombra que conviene mirar con lupa y no con brocha.

El contrato, en números

Empecemos por lo verificable, que es la parte más sólida y la que menos se discute. Según los registros de CompraNet que la propia oficina de Hacienda publica, la firma de Iglesias acumuló doce contratos: ocho en 2025, por unos 2.6 millones de pesos, y cuatro en 2026, por otros tres millones. El dinero llegó de diez dependencias distintas: la Secretaría de Infraestructura (SICT), el IMSS, Pronósticos, Bienestar, Gobernación, Seguridad (SSPC), Salud, la SEP, Trabajo y Once TV. Todos los contratos son por “servicios de difusión” de campañas institucionales en sitios y plataformas digitales.

El detalle importa porque dibuja un patrón. No se trata de un contrato grande y visible, sino de una docena de adjudicaciones medianas (la mayor, de 1.16 millones, con el IMSS; la menor, de menos de siete mil pesos, con Once TV) repartidas entre secretarías que no comparten ni sector ni presupuesto. Uno de los contratos de Bienestar dice explícitamente para qué fue el gasto: la difusión de la campaña del Primer Informe de Gobierno de la presidenta. Otro, con Once TV, paga la grabación de cápsulas para una barra de opinión afín. La constante es el mensaje: el proveedor extranjero difunde, con recursos públicos, la obra del gobierno que lo contrata (Politico.mx; El Independiente).

La empresa es reciente y modesta. Se constituyó en octubre de 2024 y se inscribió ante la Secretaría de Economía el 25 de febrero de 2025, con un capital social de apenas cincuenta mil pesos. Su otro socio es Guillén Carroza Armendáriz, quien fue candidato de Podemos al Congreso español. Es decir: una sociedad de dos militantes de un partido extranjero, nacida hace menos de dos años, que en su primer ejercicio ya factura millones al erario mexicano (OKDiario).

Comentario BlackPaper: Que una empresa de dos años y cincuenta mil pesos de capital cobre a diez secretarías a la vez no es, por sí solo, un delito; pero sí una señal. La dispersión entre dependencias que no se hablan entre sí es la forma clásica de mantener un gasto por debajo del radar: doce contratos medianos llaman menos la atención que uno de 5.6 millones. La opacidad no siempre se esconde; a veces solo se fragmenta.

Quién es Pablo Iglesias

Para quien no siguió la política española, conviene situar al personaje. Pablo Iglesias Turrión, nacido en Madrid en 1978, profesor universitario de formación, saltó a la fama con Podemos, el partido de izquierda radical que fundó en 2014 al calor del movimiento de los indignados. Su ascenso fue vertiginoso: en 2020 llegó a vicepresidente segundo del Gobierno de España, en la coalición de Pedro Sánchez. Su caída fue casi igual de rápida: en 2021 dejó la política tras perder las elecciones a la Comunidad de Madrid frente a Isabel Díaz Ayuso, y se retiró a la trinchera que mejor conoce, la de los medios.

Desde entonces, Iglesias construyó Canal Red, una televisión por internet de línea abiertamente izquierdista, que abrió una delegación en México a principios de 2025 y que, según sus propias cuentas, facturó cerca de 1.6 millones de euros en su primer año. El dato revelador está en la geografía de su público: la mayor parte de la audiencia de Canal Red está en España, no en México. El canal que el erario mexicano ayuda a sostener transmite, sobre todo, para espectadores españoles (El Español).

La conexión venezolana

La relación de Iglesias con el chavismo está en los papeles, y conviene contarla separando lo documentado de lo que solo es acusación. La Fundación CEPS (Centro de Estudios Políticos y Sociales), en la que Iglesias participó, recibió del gobierno bolivariano de Venezuela subvenciones por unos 7.1 millones de euros entre 2002 y 2012, por asesoría política. Iglesias, Juan Carlos Monedero y otros fundadores de Podemos asesoraron a los gobiernos de Hugo Chávez y a sus aliados en la región. Es historia pública, y él mismo la admite (El Economista).

Lo que ya no admite es el paso siguiente: que ese dinero fuera una financiación ilícita de su partido. Sobre eso, los tribunales españoles terminaron diciendo algo muy distinto de lo que repiten sus acusadores. Por ahora basta el hecho, sin adjetivos: un dirigente que cobró del Estado venezolano por asesorarlo hoy cobra del Estado mexicano por difundirlo.

La sombra iraní

El vínculo con Irán es de la misma naturaleza: real en lo documentado, disputado en lo penal. Durante años, Iglesias condujo el programa Fort Apache en HispanTV, el canal en español del gobierno de Teherán, una tribuna de propaganda de la República Islámica. La productora ligada a ese entorno, 360 Global Media, obtuvo cerca del 60% de sus ingresos del gobierno iraní desde su fundación en 2012, y estaba controlada casi en su totalidad por el empresario iraní Mahmoud Alizadeh Azimi. El propio Centro Nacional de Inteligencia español indagó, según declaró un testigo, la inversión iraní en la productora del programa de Iglesias (El Economista; Infobae).

De nuevo, hay que trazar la raya con precisión. Que Iglesias colaborara con la televisión estatal iraní es un hecho. Que Irán, a través de esa productora, financiara ilegalmente a su partido es una acusación que, como se verá, la justicia española examinó y desechó. La distancia entre “colaboró con la propaganda de un régimen” y “fue agente pagado de ese régimen” es enorme, y es precisamente la distancia que un panfleto borra y el periodismo honesto respeta.

Comentario BlackPaper: El patrón que sí se puede afirmar, sin forzar un solo dato, es de afinidad, no de conspiración. Iglesias ha orbitado durante veinte años el eje de gobiernos que Occidente considera autoritarios (Caracas, Teherán) y hoy orbita a la Cuarta Transformación. No hace falta imaginar maletines para que la pregunta incomode: ¿por qué el gobierno mexicano decide, entre todos los proveedores posibles, pagarle la difusión a este?

Lo que México le paga, y para qué

Regresemos a México, que es donde la historia se vuelve asunto de los contribuyentes. El caso saltó al debate público en octubre de 2025, cuando se reveló que Iglesias “reaparecía” en México cobrando contratos federales, y volvió a encenderse en mayo de 2026, cuando la visita de Isabel Díaz Ayuso, su vieja adversaria, reavivó el choque entre el conservadurismo español y la 4T, y con él, el recordatorio de quién le paga a quién. Sectores afines a Morena cuestionaban la presencia de Ayuso; la oposición respondía señalando la nómina de Iglesias (El Independiente).

La simpatía ideológica es libre; financiarla con el impuesto de todos es otra cosa. Un gobierno puede compartir la visión del mundo de quien quiera; lo que no debería es pagar, con dinero público, la difusión de su propia obra a través del canal de un aliado extranjero cuyo público, encima, está en otro país. Cuando el Estado contrata comunicación, se supone que busca informar a sus ciudadanos. Aquí, buena parte del mensaje viaja hacia audiencias españolas, y su beneficio político, la propaganda de la 4T con voz internacional de izquierda, es más difícil de justificar como servicio al mexicano que lo financia.

From the standpoint of social psychology, one of the most important mechanisms is the need to belong. Human beings tend to identify with groups that offer them identity and symbolic protection. A populist leader can divide society into “the good people” and “the enemies of the people,” creating a narrative in which the citizen feels part of a morally superior collective. This simplification reduces political complexity and makes it easier for many people to accept messages without analyzing them critically.

Another psychological factor is confirmation bias. Citizens tend to pay more attention to information that confirms their prior beliefs and to reject information that contradicts them. Imagine a hypothetical case in which a candidate claims that all economic problems are the fault of a small group of business owners. Those who already feel anger toward economic elites may accept that explanation without demanding solid evidence, because it matches their emotional experience and the stories they have heard again and again.

The appeal to fear is a particularly powerful tool. Suppose a hypothetical scenario in which a ruler claims that a crime wave is caused exclusively by people from another region of the country. Even if the statistics do not support that claim, fear triggers rapid emotional responses that diminish the capacity for analytical reasoning. Citizens, worried about their own safety and their family’s, may support extreme measures without weighing the consequences or the accuracy of the diagnosis.

The simplicity heuristic is also at work: the human mind prefers explanations that are easy to remember over complex technical analysis. Consider a hypothetical case in which a leader promises to “double salaries in six months” and insists that eliminating certain taxes is all it takes. The proposal may sound logical at first glance, but it leaves out factors such as productivity, inflation, and fiscal balance. Yet for many citizens worn down by economic hardship, the immediate promise is psychologically more attractive than a detailed economic explanation.

The constant repetition of messages is another mechanism of persuasion. In a hypothetical example, a party repeats daily that “the media lie” and that only the leader’s voice represents the truth. Over time, the familiarity of the message can create a sense of credibility, even without proof. This phenomenon, known as the illusory truth effect, shows how repetition can shape the perception of reality and weaken trust in independent sources of information.

Populism also exploits cognitive fatigue. When citizens are saturated with information, work, and everyday worries, they have less mental energy to verify facts or compare proposals. Imagine a hypothetical campaign built on short, emotional slogans such as “We will recover our lost greatness” or “The people first.” These messages demand little intellectual effort and produce an immediate emotional response, which allows them to spread rapidly through social media and everyday conversation.

Moreover, the emotional bond with the leader can turn into a form of psychological dependence. In a hypothetical case, a president presents himself as the only one capable of saving the country and discredits any institution that limits his power. Some citizens develop such a strong personal identification that they interpret criticism of the ruler as an attack on their own identity. This makes rational debate harder and fuels polarization, because emotional loyalty replaces the analysis of results.

It is important to stress that not all citizens are easily manipulated, nor are all popular demands illegitimate. The problem arises when a discourse uses authentic emotions to hide facts, exaggerate threats, or promise impossible solutions. Civic education, critical thinking, and access to verifiable information are essential tools for reducing psychological vulnerability to this kind of political strategy.

The final reflection is that populist deception depends not only on the cunning of the leader, but also on the emotional needs of society. A citizen who feels ignored, insecure, or hopeless is more likely to accept narratives that offer clear culprits and immediate solutions. Strengthening democracy therefore means not only improving institutions, but also understanding the psychological dimension of political participation.

Ultimately, the best defense against deceptive populism is a citizenry capable of questioning even what it wants to hear. A mature democracy demands the patience to understand complex problems, the willingness to weigh competing information, and the courage to recognize that easy answers rarely solve deep challenges. When citizens develop these capacities, discourse built on emotional manipulation loses much of its power.

Desde la psicología social, uno de los mecanismos más importantes es la necesidad de pertenencia. Los seres humanos tienden a identificarse con grupos que les ofrecen identidad y protección simbólica. Un líder populista puede dividir a la sociedad entre “el pueblo bueno” y “los enemigos del pueblo”, creando una narrativa en la que el ciudadano se siente parte de un colectivo moralmente superior. Esta simplificación reduce la complejidad política y facilita que muchas personas acepten mensajes sin analizarlos críticamente.

Otro factor psicológico es el sesgo de confirmación. Los ciudadanos suelen prestar más atención a la información que confirma sus creencias previas y rechazar aquella que las contradice. Imaginemos un caso hipotético en el que un candidato asegura que todos los problemas económicos son culpa de un pequeño grupo de empresarios. Quienes ya sienten enojo hacia las élites económicas pueden aceptar esa explicación sin exigir evidencia sólida, porque coincide con su experiencia emocional y con relatos que han escuchado repetidamente.

La apelación al miedo es una herramienta particularmente poderosa. Supongamos un escenario hipotético en el que un gobernante afirma que una ola de criminalidad es causada exclusivamente por personas provenientes de otra región del país. Aunque las estadísticas no respalden esa afirmación, el miedo activa respuestas emocionales rápidas que disminuyen la capacidad de razonamiento analítico. El ciudadano, preocupado por su seguridad y la de su familia, puede apoyar medidas extremas sin evaluar sus consecuencias ni la veracidad del diagnóstico.

También opera la heurística de la simplicidad: la mente humana prefiere explicaciones fáciles de recordar antes que análisis técnicos complejos. Pensemos en un caso hipotético donde un líder promete “duplicar los salarios en seis meses” y asegura que basta con eliminar ciertos impuestos para lograrlo. La propuesta puede sonar lógica a primera vista, pero omite factores como la productividad, la inflación y el equilibrio fiscal. Sin embargo, para muchos ciudadanos agotados por dificultades económicas, la promesa inmediata resulta psicológicamente más atractiva que una explicación económica detallada.

La repetición constante de mensajes es otro mecanismo de persuasión. En un ejemplo hipotético, un partido repite diariamente que “los medios mienten” y que solo la voz del líder representa la verdad. Con el tiempo, la familiaridad del mensaje puede generar una sensación de credibilidad, incluso sin pruebas. Este fenómeno, conocido como efecto de verdad ilusoria, muestra cómo la repetición puede influir en la percepción de la realidad y debilitar la confianza en fuentes independientes de información.

El populismo también explota la fatiga cognitiva. Cuando los ciudadanos están saturados de información, trabajo y preocupaciones cotidianas, tienen menos energía mental para verificar datos o comparar propuestas. Imaginemos una campaña hipotética que utiliza eslóganes breves y emocionales como “Recuperaremos la grandeza perdida” o “El pueblo primero”. Estos mensajes requieren poco esfuerzo intelectual y generan una respuesta afectiva inmediata, lo que les permite difundirse con gran rapidez en redes sociales y conversaciones informales.

Además, la relación emocional con el líder puede convertirse en una forma de dependencia psicológica. En un caso hipotético, un presidente se presenta como el único capaz de salvar al país y desacredita a cualquier institución que limite su poder. Algunos ciudadanos desarrollan una identificación personal tan fuerte que interpretan las críticas al gobernante como ataques a su propia identidad. Esto dificulta el debate racional y favorece la polarización, porque la lealtad emocional sustituye al análisis de resultados.

Es importante subrayar que no todos los ciudadanos son fácilmente manipulables ni todas las demandas populares son ilegítimas. El problema surge cuando un discurso utiliza emociones auténticas para ocultar datos, exagerar amenazas o prometer soluciones imposibles. La educación cívica, el pensamiento crítico y el acceso a información verificable son herramientas fundamentales para reducir la vulnerabilidad psicológica frente a este tipo de estrategias políticas.

La reflexión final es que el engaño populista no depende únicamente de la astucia del líder, sino también de las necesidades emocionales de la sociedad. Un ciudadano que se siente ignorado, inseguro o desesperanzado es más propenso a aceptar relatos que le ofrezcan culpables claros y soluciones inmediatas. Por ello, fortalecer la democracia implica no solo mejorar las instituciones, sino también comprender la dimensión psicológica de la participación política.

En última instancia, la mejor defensa contra el populismo engañoso es una ciudadanía capaz de cuestionar incluso aquello que desea escuchar. La democracia madura exige paciencia para entender problemas complejos, disposición para contrastar información y valentía para reconocer que las respuestas fáciles rara vez resuelven desafíos profundos. Cuando los ciudadanos desarrollan estas capacidades, el discurso basado en la manipulación emocional pierde gran parte de su poder.

Five minutes to understand the week.

Ruffo, two-tier justice

The first opposition governor falls; the home team stays untouched

The FGR arrested on July 16 Ernesto Ruffo Appel —Mexico’s first opposition governor (PAN, 1989)— for organized crime and fiscal fuel theft, tied to the seizure of 15 million liters of fuel (Proceso).

The case may be legitimate, but the contrast stings. While the opposition man is cuffed, governor Rocha Moya —charged by the DOJ— remains free, and governor Marina del Pilar was flagged only by a revoked visa, not by the prosecutor (Infobae).

BlackPaper Comment: Prosecuting fuel theft is right; doing it with a different yardstick by party color is not. A State that cuffs the opposition man of 1989 and shields its own doesn’t fight corruption: it manages it. Justice that looks only toward the opposition isn’t justice; it’s tactics.

The CNDH pardons the Army

Ayotzinapa: “no institutional responsibility,” and Sheinbaum distances herself

The CNDH concluded there was no institutional responsibility of the Army in Ayotzinapa (Recommendation 208VG/2026), despite 20 soldiers under prosecution and Sedena documents that contradict it (Proceso).

Sheinbaum distanced herself —”we didn’t participate… we didn’t know”— and asked Segob to review the report. The body meant to watch the State ended up absolving its armed arm (Infobae).

BlackPaper Comment: The same week the State cuffs an opposition figure, its CNDH clears the Army of the country’s worst open wound. Distancing yourself from a report your own movement staffed is washing your hands with your own water. Two yardsticks, one government.

Ormuz reignites the risk

The war lifts crude and punishes the peso

The US-Iran war intensified: attacks in the Gulf and the threat over Ormuz drove oil up more than 4%, to a one-month high (El Financiero).

The peso paid: it closed the week at 17.52, down 0.26%, and the market now speculates the Fed could hike before year-end. The risk, again, came imported (Infobae).

BlackPaper Comment: Costly crude is the usual double edge: it eases Pemex and scares off capital. What’s new is the fright of a Fed that no longer talks of cutting, but of hiking. June’s currency calm lasted exactly as long as the Ormuz truce: not at all.

El Mayo, the bill paid abroad

Prosecutors ask life and $15 billion; sentencing on the 20th

US prosecutors requested life imprisonment and the forfeiture of $15 billion against El Mayo Zambada; sentencing is set for July 20 in Brooklyn (Publimetro).

The most-wanted kingpin’s ending happens, like his capture, on the other side. Mexico, which let him operate for forty years, will hand down no sentence: Zambada’s bill is settled in a foreign court (Proceso).

BlackPaper Comment: That Zambada is sentenced by New York and not Mexico confesses what the government won’t say: a State that never could, or never wanted, to charge him. The sovereignty the ruling party claims over the capture vanishes when it’s time for the sentence.

Seventeen dead in ICE custody

Mexico moves from the diplomatic note to the lawsuit

The SRE announced lawsuits before the US Justice Department and state prosecutors over the deaths of 17 Mexicans in operations and in ICE custody (Infobae).

The shift admits the formal protest didn’t stop Trump‘s migration policy. The judicial route is slow and uncertain, but seventeen deaths no longer fit in a statement (Excélsior).

BlackPaper Comment: Seventeen citizens dead demand more than a diplomatic note. That Mexico must litigate in others’ courts to demand accountability for its own dead measures, again, how far its influence reaches: to the border, and not a meter more.

In brief

• US inflation eases. June CPI fell to 3.5%, its first drop in five months, on cheaper energy after the truce. But Warsh warned it’s no “mission accomplished,” and the war threatens to reverse it (CNBC).

• A 6.8 quake. A magnitude 6.8 earthquake shook the country; the Navy reported no major damage. It coincided with the roving mañanera from Tulum (Infobae).

• A femicide law. Sheinbaum sent Congress a General Law to punish femicide, with a criminal definition standardized nationwide (Infobae).

• The USMCA, to the 3rd round. Heading into the July 20 meeting, pending issues fell from 54 to 14 and Mexico brings 13 complaints; the Section 122 (10%) tariff already expired (El Financiero).

• Tulum, security for the shop window. From Tulum, the government touted an 85% drop in Quintana Roo homicides and nearly 100% locally: the roving mañanera again picks where to shine (Excélsior).

The week ahead

• Jul 20 — El Mayo‘s sentencing in Brooklyn and the 3rd round of the USMCA in Mexico City.

• Ruffo — his arraignment and the direction of the fuel-theft case.

• Ormuz — if the war doesn’t ease, crude and a possible Fed hike set the second half.

• Banxico — its next decision, with core still at 4%.

Cinco minutos para entender la semana.

Ruffo, la justicia de dos varas

Cae el primer gobernador opositor; los de casa siguen intocados

La FGR detuvo el 16 de julio a Ernesto Ruffo Appel —primer gobernador opositor de México (PAN, 1989)— por delincuencia organizada y huachicol fiscal, ligado al aseguramiento de 15 millones de litros de combustible (Proceso).

El caso puede ser legítimo, pero el contraste incomoda. Mientras el opositor es esposado, el gobernador Rocha Moya —acusado por el DOJ— sigue libre, y a la gobernadora Marina del Pilar solo la delató una visa revocada, no la Fiscalía (Infobae).

Comentario BlackPaper: Perseguir el huachicol es correcto; hacerlo con una vara distinta según el color, no. Un Estado que esposa al opositor de 1989 y blinda a los suyos no combate la corrupción: la administra. La justicia que solo mira hacia la oposición no es justicia; es táctica.

La CNDH perdona al Ejército

Ayotzinapa: “sin responsabilidad institucional”, y Sheinbaum se deslinda

La CNDH concluyó que no hubo responsabilidad institucional del Ejército en Ayotzinapa (Recomendación 208VG/2026), pese a 20 militares procesados y a documentos de la Sedena que la contradicen (Proceso).

Sheinbaum se deslindó —”no participamos… no sabíamos”— y pidió a Segob revisar el informe. El órgano que debía vigilar al Estado terminó absolviendo a su brazo armado (Infobae).

Comentario BlackPaper: La misma semana en que el Estado esposa a un opositor, su CNDH exonera al Ejército de la peor herida abierta del país. Deslindarse de un informe que tu propio movimiento colocó es lavarse las manos con agua de la casa. Dos varas, un solo gobierno.

Ormuz reaviva el riesgo

La guerra sube el crudo y castiga al peso

La guerra EE.UU.-Irán se intensificó: los ataques en el Golfo y la amenaza sobre Ormuz dispararon el petróleo más de 4%, a máximos en un mes (El Financiero).

El peso lo pagó: cerró la semana en 17.52, con una pérdida de 0.26%, y el mercado ya especula con que la Fed suba la tasa antes de fin de año. El riesgo, otra vez, entró importado (Infobae).

Comentario BlackPaper: El crudo caro es el doble filo de siempre: alivia a Pemex y espanta al capital. Lo nuevo es el susto de una Fed que ya no habla de recortar, sino de subir. La calma cambiaria de junio duró lo mismo que la tregua de Ormuz: nada.

El Mayo, la cuenta que se paga afuera

La fiscalía pide perpetua y 15 mil mdd; la sentencia, el 20

La fiscalía de EE.UU. pidió cadena perpetua y el decomiso de 15 mil millones de dólares contra El Mayo Zambada; la sentencia está fijada para el 20 de julio en Brooklyn (Publimetro).

El desenlace del capo más buscado ocurre, como su captura, del otro lado. México, que lo dejó operar cuarenta años, no dictará ninguna condena: la cuenta de Zambada se salda en una corte ajena (Proceso).

Comentario BlackPaper: Que a Zambada lo sentencie Nueva York y no México confiesa lo que el gobierno calla: un Estado que nunca pudo, o nunca quiso, cobrarle. La soberanía que el oficialismo reclama por la captura se esfuma a la hora de la condena.

Diecisiete muertos bajo el ICE

México pasa de la nota diplomática a la demanda

La SRE anunció demandas ante el Departamento de Justicia de EE.UU. y fiscalías estatales por la muerte de 17 mexicanos en operativos y bajo custodia del ICE (Infobae).

El giro admite que la protesta formal no frenó la política migratoria de Trump. La vía judicial es lenta y de resultado incierto, pero diecisiete muertes ya no caben en un comunicado (Excélsior).

Comentario BlackPaper: Diecisiete connacionales muertos obligan a más que una nota verbal. Que México deba litigar en cortes ajenas para exigir cuentas por sus propios muertos vuelve a medir hasta dónde llega su influencia: hasta la frontera, y ni un metro más.

Breves

• La inflación de EE.UU. cede. El CPI de junio bajó a 3.5%, su primera caída en cinco meses, por la energía más barata tras la tregua. Pero Warsh advirtió: no es “misión cumplida“, y la guerra amenaza con revertirlo (CNBC).

• Sismo de 6.8. Un temblor de magnitud 6.8 sacudió al país; la Marina reportó sin afectaciones mayores. Coincidió con la mañanera itinerante desde Tulum (Infobae).

• Ley contra el feminicidio. Sheinbaum envió al Congreso una Ley General para sancionar el feminicidio, con un tipo penal homologado en todo el país (Infobae).

• El T-MEC, a la 3ª ronda. Rumbo a la reunión del 20 de julio, los pendientes bajaron de 54 a 14 y México lleva 13 reclamos; la Sección 122 (10%) ya venció (El Financiero).

• Tulum, la seguridad de vitrina. Desde Tulum, el gobierno presumió una caída de 85% en el homicidio de Quintana Roo y casi 100% local: la mañanera itinerante vuelve a elegir dónde lucir (Excélsior).

La semana que viene

• 20 jul — Sentencia de El Mayo en Brooklyn y 3ª ronda del T-MEC en CDMX.

• Ruffo — su vinculación a proceso y el rumbo del caso de huachicol.

• Ormuz — si la guerra no cede, el crudo y una posible alza de la Fed marcan el segundo semestre.

• Banxico — su próxima decisión, con la subyacente todavía en 4%.

This process does not arise spontaneously. Social psychology has shown that people tend to divide the world into “us” and “them,” favoring those they consider part of their group and distrusting those they perceive as outsiders. Political leaders know this mechanism and, at times, use it to strengthen the identity of their followers. By presenting a group as responsible for the country’s problems, a complex reality is simplified and an emotionally appealing explanation is offered: if an enemy exists, then so does someone who promises to defeat it.

This is the context in which nonexistent or exaggerated public enemies appear. It does not mean that disagreements or conflicts are not real, but that certain people, institutions, or social sectors are presented as solely responsible for every ill. Intellectuals, journalists, judges, business leaders, civil society organizations, or even citizens who voice different opinions can become symbols of a supposed danger to society. Complexity disappears, replaced by a simple narrative: “they are the problem.”

Why is this strategy so useful to a government or a political movement? Because the existence of an enemy generates internal cohesion. When people feel they face a common threat, they tend to close ranks around the leadership, internal criticism diminishes, and the willingness to justify extraordinary measures grows. Moreover, focusing attention on an enemy diverts debate away from structural problems, management failures, or insufficient results. Instead of asking how to solve public challenges, the conversation revolves around who should be singled out as the culprit.

The risk is that, over time, perception replaces evidence. When an enemy is constructed from repeated speeches rather than verifiable facts, society may begin to accept restrictions on rights, permanent disqualification, or acts of exclusion against people who simply think differently. Suspicion becomes the norm, and dialogue a sign of weakness. In that environment, any criticism can be read as betrayal and any difference as a threat.

History shows that the construction of public enemies has been used by governments of different ideologies and in different historical moments. It is not the exclusive practice of one country or one political current. Whenever a leadership needs to strengthen the cohesion of its followers, justify exceptional measures, or explain complex problems through a single culprit, the temptation to manufacture an enemy appears. Psychology explains why this rhetoric is so effective: people prefer simple stories, with clearly identified heroes and villains, over accepting that public problems usually have multiple causes and difficult solutions.

That is why the best defense of a democracy lies not only in electing good leaders, but in developing citizens capable of distinguishing between a legitimate adversary and a politically constructed enemy. A society that stops questioning these narratives risks losing its capacity to debate, cooperate, and recognize the plurality that characterizes any democratic system. When fear replaces reason, politics ceases to be a space for resolving differences and becomes a permanent battlefield.

Perhaps the most important question is not who the supposed enemy presented to us each day is, but who benefits from our believing in its existence. History teaches that the freest societies are not those where everyone thinks alike, but those where it is possible to dissent without being branded a threat. Turning the other into an enemy may yield immediate political gains, but it also erodes trust, tears the social fabric, and hinders the agreements indispensable for confronting our real collective problems.

Before accepting that a group, an institution, or a person is the source of every ill, it is worth pausing to ask ourselves: am I reacting to verifiable facts or to an emotional narrative? Who wins when I stop seeing a fellow citizen as an adversary and begin to see them as an enemy? Could a democracy survive if we all came to believe that those who think differently deserve to be excluded rather than heard?

Este proceso no surge de manera espontánea. La psicología social ha demostrado que las personas tienden a dividir el mundo entre «nosotros» y «ellos», favoreciendo a quienes consideran parte de su grupo y desconfiando de quienes perciben como externos. Los líderes políticos conocen este mecanismo y, en ocasiones, lo utilizan para fortalecer la identidad de sus seguidores. Al presentar a un grupo como responsable de los problemas del país, se simplifica una realidad compleja y se ofrece una explicación emocionalmente atractiva: si existe un enemigo, entonces también existe alguien que promete derrotarlo.

En ese contexto aparecen los enemigos públicos inexistentes o exagerados. No significa que los desacuerdos o los conflictos no existan, sino que determinadas personas, instituciones o sectores sociales son presentados como responsables absolutos de todos los males. Intelectuales, periodistas, jueces, empresarios, organizaciones civiles, o incluso ciudadanos que expresan opiniones distintas pueden convertirse en símbolos de un supuesto peligro para la sociedad. La complejidad desaparece y es sustituida por una narrativa sencilla: «ellos son el problema».

¿Por qué resulta tan útil esta estrategia para un gobierno o para un movimiento político? Porque la existencia de un enemigo genera cohesión interna. Cuando las personas sienten que enfrentan una amenaza común, suelen cerrar filas alrededor del liderazgo, disminuyen las críticas internas y aumenta la disposición a justificar decisiones extraordinarias. Además, concentrar la atención en un enemigo desvía el debate sobre problemas estructurales, errores de gestión o resultados insuficientes. En lugar de preguntarse cómo resolver los desafíos públicos, la conversación gira en torno a quién debe ser señalado como culpable.

El riesgo es que, con el tiempo, la percepción sustituya a la evidencia. Cuando un enemigo es construido a partir de discursos repetidos más que de hechos verificables, la sociedad puede comenzar a aceptar restricciones a derechos, descalificaciones permanentes o actos de exclusión contra personas que simplemente piensan distinto. La sospecha se convierte en norma y el diálogo en una señal de debilidad. En ese ambiente, cualquier crítica puede interpretarse como una traición y cualquier diferencia como una amenaza.

La historia demuestra que la construcción de enemigos públicos ha sido utilizada por gobiernos de distintas ideologías y en diferentes momentos históricos. No es una práctica exclusiva de un país o de una corriente política. Cada vez que un liderazgo necesita fortalecer la cohesión de sus seguidores, justificar medidas excepcionales o explicar problemas complejos mediante un único responsable, aparece la tentación de fabricar un enemigo. La psicología explica por qué este discurso resulta tan eficaz: las personas prefieren relatos simples, con héroes y villanos claramente identificados, antes que aceptar que los problemas públicos suelen tener múltiples causas y soluciones difíciles.

Por ello, la mejor defensa de una democracia no consiste únicamente en elegir buenos gobernantes, sino en desarrollar ciudadanos capaces de distinguir entre un adversario legítimo y un enemigo construido políticamente. Una sociedad que deja de cuestionar estas narrativas corre el riesgo de perder la capacidad de debatir, cooperar y reconocer la pluralidad que caracteriza a cualquier sistema democrático. Cuando el miedo sustituye a la razón, la política deja de ser un espacio para resolver diferencias y se convierte en un campo de batalla permanente.

Quizá la pregunta más importante no sea quién es el supuesto enemigo que nos presentan cada día, sino quién se beneficia de que creamos en su existencia. La historia enseña que las sociedades más libres no son aquellas donde todos piensan igual, sino aquellas donde es posible disentir sin ser señalado como una amenaza. Convertir al otro en enemigo puede generar réditos políticos inmediatos, pero también erosiona la confianza, rompe el tejido social y dificulta la construcción de acuerdos indispensables para enfrentar los verdaderos problemas colectivos.

Antes de aceptar que un grupo, una institución o una persona representa el origen de todos los males, conviene detenerse y preguntarnos: ¿estoy reaccionando a hechos verificables o a una narrativa emocional? ¿Quién gana cuando dejo de ver a un ciudadano como un adversario y comienzo a verlo como un enemigo? ¿Podría una democracia sobrevivir si todos terminamos creyendo que quien piensa diferente merece ser excluido en lugar de ser escuchado?

Five minutes to stay informed.

The CNDH pardons the Army

Ayotzinapa: “no institutional responsibility,” and the president distances herself

The CNDH issued Recommendation 208VG/2026: it acknowledges “omissions” by 20 soldiers already under prosecution, but concludes there was no institutional responsibility of the Army nor direct military participation in Ayotzinapa (Proceso).

Sheinbaum distanced herself: “we did not participate… we didn’t know they’d publish it,” and asked Segob to review the report. Encinas produced Sedena documents on a soldier infiltrated in the school, contradicting the CNDH (El Heraldo).

BlackPaper Comment: The body created to watch the State today absolves its armed arm, and refutes the GIEI and the CoVAJ. That the president “distances herself” from a CNDH her own movement staffed is wanting both things: the Army clean and her hands clean too.

Ormuz flares again

The June truce breaks and the peso pays

War returned to the Gulf: the US struck more than 130 targets in Iran on Sunday, Tehran hit back at bases in Jordan, Kuwait and Bahrain, and declared the Strait of Ormuz closed, the route for 20% of the world’s crude (Infobae).

Mexico feels it in the wallet. The peso slid to around 17.52 per dollar and the Bolsa fell, dragged by the risk-off that punishes emerging currencies. The June truce, which this house called fragile, lasted less than a month (Milenio).

BlackPaper Comment: Expensive crude is a double edge for Mexico: it eases the coffers of Pemex, the world’s most indebted oil company, and at once raises the price of gasoline and scares off the capital that holds up the peso. When the risk is someone else’s, Mexico imports it unasked.

Mexico sues over its dead

17 Mexicans dead in ICE custody, now in court

The SRE will file lawsuits before the US Justice Department and state prosecutors over the deaths of 17 Mexicans in operations and in ICE custody. It’s the leap from the diplomatic note to litigation (Infobae).

The shift admits a limit: the formal protest didn’t stop the raids of Trump‘s migration policy. Seventeen deaths demand more than a statement; but the route through others’ courts is slow and uncertain (Excélsior).

BlackPaper Comment: Seventeen citizens dead no longer fit in a diplomatic note. Suing is right and late at once: Mexico reaches the neighbor’s courts once the damage is done, with the influence that ends right at the border.

Mexico brings 13 complaints to the USMCA

The 3rd round, July 20, with the Mexican offensive

For the 3rd round of the USMCA, on July 20, Mexico will bring 13 commercial complaints and six priorities: a protocol against unilateral measures, resolving the steel tariff and preserving auto competitiveness (El Financiero).

The stance is firmer than usual, but the board didn’t change. Mexico complains with reason —the 50% on steel hits a partner, not a rival— facing a neighbor that holds the leverage: the tariffs and the review that reopens every year (Milenio).

BlackPaper Comment: Thirteen legitimate complaints are worth the force behind them. Mexico negotiates from the weakness of a country that sends 80% of its exports to a single client. Being right without the leverage is, in trade, almost like not being right at all.

The screwworm returns to the south

A plant in Chiapas for a plague thought beaten

The government is building in Chiapas a sterile-fly plant to eradicate, for the second time, the screwworm, the plague declared beaten decades ago that reappeared in the south’s cattle (Excélsior).

The cost is not only sanitary. The screwworm keeps the United States with its border closed to live Mexican cattle; each month of closure hits ranchers‘ exports, just as trade already lives under tariff pressure (Milenio).

BlackPaper Comment: The sterile fly works; that the plague came back speaks to something else: the sanitary vigilance that slackened. Rebuilding the plant fixes late what shouldn’t have been lost. Yesterday’s eradication wasn’t inherited; it was let go.

In brief

• The government chases after Toyota. Sheinbaum said it is negotiating with automakers and the US to cut the tariff on cars and avoid plant closures; it is arranging meetings with Toyota and other brands (Infobae).

• Banxico, no date to move. The bank held the rate at 6.50%; core fell to 4.03% but stays above target, with no timeline to end the pause (El Financiero).

• La Escuela es Nuestra, 22 billion pesos. The government allots 22.694 billion pesos to 71,482 schools in 2026 via direct transfer, without intermediaries and without clear oversight of the spending (Infobae).

• Wall Street watches its inflation. US markets await this week’s inflation print; if it surprises to the upside, the Fed drifts further from cutting and the peso feels it (Forbes).

• Crude and Pemex. Brent rose 3.75% to $78.86 and WTI to $74.02 over Ormuz; costly crude eases Pemex, but global fear weighs more on the peso (Infobae).

On the radar

• Jul 20 — El Mayo‘s sentencing in Brooklyn and the 3rd round of the USMCA.

• Jul 24 — The Section 122 tariff (10% general) expires.

• Ayotzinapa — Segob’s review of the CNDH report: corrected or shelved?

• Ormuz — if the strait stays closed, crude and the peso set the second half.

Cinco minutos para estar informados.

La CNDH perdona al Ejército

Ayotzinapa: “sin responsabilidad institucional”, y la presidenta se deslinda

La CNDH emitió la Recomendación 208VG/2026: reconoce “omisiones” de 20 militares ya procesados, pero concluye que no hubo responsabilidad institucional del Ejército ni participación militar directa en Ayotzinapa (Proceso).

Sheinbaum se deslindó: “no participamos… no sabíamos que lo iban a publicar”, y pidió a Segob revisar el informe. Encinas exhibió documentos de la Sedena sobre un militar infiltrado en la Normal, que contradicen a la CNDH (El Heraldo).

Comentario BlackPaper: El organismo creado para vigilar al Estado hoy absuelve a su brazo armado, y desmiente al GIEI y a la CoVAJ. Que la presidenta se “deslinde” de una CNDH que su propio movimiento colocó es querer las dos cosas: el Ejército limpio y las manos también.

Ormuz vuelve a arder

La tregua de junio se rompe y el peso lo paga

La guerra volvió al Golfo: EE.UU. golpeó más de 130 objetivos en Irán el domingo, Teherán respondió sobre bases en Jordania, Kuwait y Baréin, y declaró cerrado el estrecho de Ormuz, por donde pasa el 20% del crudo mundial (Infobae).

México lo siente por el bolsillo. El peso se depreció a cerca de 17.52 por dólar y la Bolsa cayó, arrastrados por el risk-off que castiga a las divisas emergentes. La tregua de junio, que esta casa llamó frágil, duró menos de un mes (Milenio).

Comentario BlackPaper: El crudo caro es un doble filo para México: alivia la caja de Pemex, la petrolera más endeudada del mundo, y a la vez encarece la gasolina y espanta al capital que sostiene al peso. Cuando el riesgo es ajeno, México lo importa sin haberlo pedido.

México demanda por sus muertos

17 mexicanos fallecidos bajo el ICE, ahora en tribunales

La SRE presentará demandas ante el Departamento de Justicia de EE.UU. y fiscalías estatales por la muerte de 17 mexicanos en operativos y bajo custodia del ICE. Es el salto de la nota diplomática al litigio (Infobae).

El giro admite un límite: la protesta formal no frenó los operativos de la política migratoria de Trump. Diecisiete muertes obligan a algo más que un comunicado; pero la vía en cortes ajenas es lenta y de resultado incierto (Excélsior).

Comentario BlackPaper: Diecisiete connacionales muertos ya no caben en una nota verbal. Litigar es lo correcto y lo tardío a la vez: México llega a los tribunales del vecino cuando el daño está hecho, con la influencia que termina justo en la frontera.

México lleva 13 reclamos al T-MEC

La 3ª ronda, el 20 de julio, con la ofensiva mexicana

Para la 3ª ronda del T-MEC, el 20 de julio, México llevará 13 reclamos comerciales y seis prioridades: un protocolo contra medidas unilaterales, resolver el arancel al acero y preservar la competitividad automotriz (El Financiero).

La postura es más firme de lo habitual, pero el tablero no cambió. México reclama con razón —el 50% al acero golpea a un socio, no a un rival—, frente a un vecino que tiene la palanca: los aranceles y la revisión que se reabre cada año (Milenio).

Comentario BlackPaper: Trece reclamos legítimos valen lo que la fuerza que los respalde. México negocia desde la debilidad de quien manda el 80% de sus exportaciones a un solo cliente. Tener la razón sin la palanca es, en comercio, casi como no tenerla.

El gusano vuelve al sur

Una planta en Chiapas para una plaga que se creyó vencida

El gobierno construye en Chiapas una planta de moscas estériles para erradicar, por segunda vez, al gusano barrenador, la plaga que se había declarado vencida hace décadas y que reapareció en el ganado del sur (Excélsior).

El costo no es solo sanitario. El gusano mantiene a Estados Unidos con la frontera cerrada al ganado mexicano en pie; cada mes de cierre golpea a los exportadores pecuarios, justo cuando el comercio ya vive bajo presión arancelaria (Milenio).

Comentario BlackPaper: La mosca estéril funciona; que la plaga haya vuelto habla de otra cosa: de la vigilancia sanitaria que se relajó. Reconstruir la planta corrige tarde lo que no debió perderse. La erradicación de ayer no se heredó; se dejó caer.

Breves

• El gobierno corre tras Toyota. Sheinbaum dijo que negocia con las automotrices y con EE.UU. para bajar el arancel a los autos y evitar cierres de planta; alista reuniones con Toyota y otras marcas (Infobae).

• Banxico, sin fecha para moverse. El banco mantuvo la tasa en 6.50%; la subyacente bajó a 4.03% pero sigue arriba de la meta, y no hay calendario para terminar la pausa (El Financiero).

• La Escuela es Nuestra, 22 mil mdp. El gobierno destina 22,694 mdp a 71,482 planteles en 2026 por transferencia directa, sin intermediarios y sin una contraloría clara del gasto (Infobae).

• Wall Street mira su inflación. Los mercados de EE.UU. esperan el dato de inflación de esta semana; si sorprende al alza, la Fed se aleja más de recortar y el peso lo resiente (Forbes).

• El crudo y Pemex. El Brent subió 3.75% a 78.86 dólares y el WTI a 74.02 por Ormuz; el crudo caro alivia a Pemex, pero el miedo global pesa más sobre el peso (Infobae).

En la mira

• 20 jul — Sentencia de El Mayo en Brooklyn y 3ª ronda del T-MEC.

• 24 jul — Vence la Sección 122 (arancel general del 10%).

• Ayotzinapa — la revisión de Segob al informe de la CNDH: ¿se corrige o se archiva?

• Ormuz — si el estrecho sigue cerrado, el crudo y el peso marcan el segundo semestre.

And I believe that, beyond the loss to England, which did hurt, the deepest pain for millions of Mexicans is that we don’t know when we’ll see a Mexico like that again. We don’t even know if it will ever happen again. Because for at least 24 days, social class, political ideology and religion didn’t matter. The whole country was united, ecstatic, creating moments that will last a lifetime.

One Reason Was All It Took

The “quiere volar,” the rows of stacked cups, the traffic-cone fights, the “¿Y si sí?” Hugging strangers, coming together around one same cause, made us realize that this deeply divided country is just one reason away from uniting.

Personally, I had never seen the country so united and so happy.

That is what has truly saddened millions of Mexicans.

Because in a country starved for joy — where death, violence and confrontation are the news every single day, at every hour — living four weeks of happiness is a true miracle.

The Miracle Doesn’t Erase Reality

Let me be clear: I’m not saying the country was doing fine for a month. Throughout the World Cup, the disappearances, the erosion of the rule of law, the institutional decay and government corruption all continued. Which is exactly why this summer was unforgettable for so many: because despite the country’s enormous sorrows, we lived something wonderful.

The Lesson We Must Not Forget

If this World Cup taught us anything, it’s that Mexicans can indeed stand united, that the good among us outnumber the bad, that we are organized and creative enough to rally behind a cause. Let’s hope it doesn’t take another World Cup to remind us.

Let’s hope that in the months and years ahead we hold on to part of that unity and that organization: to elect better leaders, to demand a better country, and to tell the politicians who make a living pitting us against one another to go to hell.

I want to extend my heartfelt condolences to the families of those who lost their lives in the crowd crush on Paseo de la Reforma during the celebrations of Mexico’s victory over Ecuador. May God grant them strength and comfort.

Y creo que, más allá de la derrota contra Inglaterra, que sí fue dolorosa, el más grande dolor de millones de mexicanos es que no sabemos cuándo volveremos a ver un México así. Ni siquiera sabemos si volverá a suceder. Porque al menos por 24 días, no importaron las clases sociales, la ideología política ni la religión. Todo el país estaba unido, extasiado y creando momentos que se quedarán para toda la vida.

Un solo motivo bastó

El “quiere volar”, las hileras de vasos, las peleas de conos, el “¿Y si sí?”. El abrazo a desconocidos, el estar reunidos por una misma causa, nos hizo darnos cuenta de que falta un solo motivo para que este país tan dividido pueda unirse.

En lo personal, nunca había visto al país tan unido y alegre.

Eso es lo que verdaderamente ha puesto triste a millones de mexicanos.

Porque en un país urgido de alegrías, donde la muerte, la violencia y la confrontación son noticias de todos los días y a todas horas, vivir cuatro semanas de alegría es un verdadero milagro.

El milagro no borra la realidad

Ojo. No digo que el país haya estado bien durante un mes, porque durante el Mundial continuaron las desapariciones, la erosión del Estado de derecho, el desgaste institucional y la corrupción gubernamental. Por eso, con más razón, este verano fue inolvidable para muchos: porque a pesar de los enormes pesares del país, vivimos una experiencia maravillosa.

La lección que no debemos olvidar

Si este Mundial nos dejó una lección, es que los mexicanos sí podemos estar unidos, que somos más los buenos, que somos lo suficientemente organizados y creativos para apoyar una causa. Ojalá no nos haga falta otro Mundial para recordarlo.

Ojalá en los próximos meses y años conservemos parte de esa unión y esa organización: para elegir mejores gobernantes, exigir un mejor país y mandar al diablo a los políticos que viven de confrontarnos entre nosotros.

Aprovecho para mandar un sentido pésame a las familias de quienes perdieron la vida en la avalancha humana que se vivió en Paseo de la Reforma durante las celebraciones de la victoria de México ante Ecuador. Que Dios les dé pronta resignación.

Five minutes to stay informed.

Inflation eases, but not all the way

June prints 3.37%, the lowest since December 2020

Headline inflation fell to 3.37% year-on-year in June, its third straight monthly drop and the lowest level since December 2020. The CPI fell 0.27% on the month and the figure surprised the market to the downside (Excélsior).

The close-up tempers the cheer: core —the one that matters— is still at 4.12%, far from 3%. And the Fed minutes warn that cuts are not its path, which trims the room for Banxico (Milenio).

BlackPaper Comment: Inflation at 3.37% is real good news, not rhetoric. But the rate is set by core, stuck near 4%; with a Fed that won’t ease, Banxico has less room than the headline promises. The relief is for the wallet, not yet for credit.

El Mayo and the sovereignty that looks outward

Sheinbaum accuses Salazar of “omission and lies”

Sheinbaum sharpened her tone in the El Mayo case: she accused former ambassador Ken Salazar of “omission and lies“ for denying, for two years, the US hand that the FBI itself showed off by donating the plane to a museum (Aristegui).

The government frames it as a sovereignty violation. But the outward focus dodges the other question: why Zambada operated for forty years untouched by Mexico, with a protection that US courts have already documented (Excélsior).

BlackPaper Comment: Protesting the FBI is legitimate and convenient at once: it points at the neighbor. Sovereignty was lost earlier, in the bribes a jury already proved up to the cabinet. The real grievance didn’t cross the border; it stayed home, and no mañanera investigates that one.

The Fed is in no hurry

The minutes cool the bet on cuts

The June FOMC minutes left the rate at 3.50-3.75% and a clear message: cuts are not “the default path.” Inflation persists, pushed by the Middle East war and AI spending (Federal Reserve).

For Mexico, the message lands hard. A dollar whose rate won’t fall caps Banxico and sustains pressure on the peso, which closed nearly flat at 17.56. Room to cut here depends, again, on there (Investing).

BlackPaper Comment: Mexican monetary policy is set, in part, in Washington. With the Fed pinned by the inflation of its own war and its AI boom, Banxico may want to cut and be unable to: easing alone, with the Fed above, punishes the peso. Autonomy has a ceiling, and it’s someone else’s.

A Mexican dies in ICE custody

Mexico moves from the diplomatic note to the criminal complaint

After the death of Mexican national Lorenzo Salgado during an ICE operation, the government announced it will harden its strategy: dropping diplomatic notes for criminal complaints over alleged human-rights violations (Infobae).

The shift runs deep. Mexico admits the formal protest doesn’t stop the raids and seeks a more litigious footing against Trump‘s migration policy. The bet is judicial; the outcome, uncertain (El Financiero).

BlackPaper Comment: Escalating to the criminal track is a signal as valid as it is limited. A citizen dead in custody demands an answer; but the route through someone else’s courts is slow and doubtful. Mexico rediscovers that its influence ends where the neighbor’s border begins.

No new taxes (nor on inheritances)

Sheinbaum rules out raising the tax burden

Sheinbaum shut the door on new taxes and, specifically, on taxing inheritances. The pledge: not to touch the tax burden nor add new levies for the rest of the term (Infobae).

The announcement sounds good and hides a dilemma. Without more revenue and with growth falling, the fiscal target is met by cutting what gets spent: the underspend that already chills public works. Not raising taxes has its bill too (El Financiero).

BlackPaper Comment: Not creating taxes is defensible, and this house applauds it. But the books balance on the other side: if less comes in, less is spent than promised. Discipline by underspend is no virtue; it’s the adjustment nobody signs and everyone pays in stalled investment.

In brief

• The Bolsa didn’t cheer. The S&P/BMV IPC fell 0.75% to 66,107 points despite the good inflation print; the peso closed nearly flat at 17.56. The Fed weighed more than the CPI (Investing).

• El Niño, stronger. Sheinbaum warned of a more intense El Niño in 2026-2027: more rain and cyclones in the north and a risk of drought in 2027. Pressure on water, farming and the disaster budget (Infobae).

• Panama at the palace. The president received Panama’s leader; on the table, migration and the trade agenda of a route that matters to Mexico (Milenio).

• The Section 122 clock. The 10% Section 122 tariffs expire on July 24; the 3rd round of the USMCA is on the 20th. Two dates the peso is already watching (El Financiero).

• Where the 3.37% comes from. The CPI breakdown: avocado and housing pushed up; high-consumption vegetables pulled down. The basket explains the slowdown (Excélsior).

On the radar

• Jul 20 — El Mayo‘s sentencing in Brooklyn and the 3rd round of the USMCA.

• Jul 24 — The Section 122 tariffs expire.

• Banxico — its next decision, with core at 4% and the Fed on pause.

• ICE — Mexico’s criminal complaint, the first test of the judicial route.

Cinco minutos para estar informados.

La inflación cede, pero no del todo

Junio marca 3.37%, mínimo desde diciembre de 2020

La inflación general cayó a 3.37% anual en junio, su tercer mes consecutivo a la baja y el nivel más bajo desde diciembre de 2020. El INPC bajó 0.27% en el mes y el dato sorprendió a la baja al mercado (Excélsior).

La foto fina modera el festejo: la subyacente —la que de verdad manda— sigue en 4.12%, lejos del 3%. Y las minutas de la Fed avisan que los recortes no son su camino, lo que le recorta el margen a Banxico (Milenio).

Comentario BlackPaper: Una inflación de 3.37% es buena noticia real, no retórica. Pero la que decide la tasa es la subyacente, pegada al 4%; con una Fed que no afloja, Banxico tiene menos cancha de la que el titular promete. El alivio es del bolsillo, todavía no del crédito.

El Mayo y la soberanía que mira afuera

Sheinbaum acusa a Salazar de “omisión y mentiras”

Sheinbaum subió el tono en el caso El Mayo: acusó al exembajador Ken Salazar de “omisión y mentiras“ por negar dos años la mano de EE.UU. que el propio FBI exhibió al donar el avión a un museo (Aristegui).

El gobierno lo encuadra como violación de soberanía. Pero el foco hacia afuera esquiva la otra pregunta: por qué Zambada operó cuarenta años sin que México lo tocara, con una protección que las cortes de EE.UU. ya documentaron (Excélsior).

Comentario BlackPaper: Reclamar por el FBI es legítimo y cómodo a la vez: apunta al vecino. La soberanía se perdió antes, en los sobornos que un jurado ya probó hasta el gabinete. El agravio no cruzó la frontera; se quedó en casa, y a ese no lo investiga ninguna mañanera.

La Fed no tiene prisa

Las minutas enfrían la apuesta por recortes

Las minutas del FOMC de junio dejaron la tasa en 3.50-3.75% y un mensaje claro: los recortes no son “el camino por defecto”. La inflación persiste, empujada por la guerra en Medio Oriente y el gasto en IA (Federal Reserve).

Para México, el mensaje pesa. Un dólar cuya tasa no baja le pone techo a Banxico y sostiene la presión sobre el peso, que cerró casi plano en 17.56. El margen para recortar aquí depende, otra vez, de allá (Investing).

Comentario BlackPaper: La política monetaria mexicana se decide, en parte, en Washington. Con la Fed clavada por la inflación de su guerra y su boom de IA, Banxico puede querer recortar y no poder: bajar solo, con la Fed arriba, castiga al peso. La autonomía tiene un techo, y es ajeno.

Muere un mexicano bajo el ICE

México pasa de la nota diplomática a la denuncia penal

Tras la muerte del connacional Lorenzo Salgado durante un operativo del ICE, el gobierno anunció que endurece su estrategia: dejará las notas diplomáticas y presentará denuncias penales por presuntas violaciones a derechos humanos (Infobae).

El giro es de fondo. México admite que la protesta formal no frena los operativos y busca un terreno más litigioso frente a la política migratoria de Trump. La apuesta es judicial; el resultado, incierto (El Financiero).

Comentario BlackPaper: Escalar a lo penal es una señal tan válida como limitada. Un connacional muerto bajo custodia exige respuesta; pero la vía en cortes ajenas es lenta y de resultado dudoso. El gobierno redescubre que su influencia termina donde empieza la frontera del vecino.

Sin nuevos impuestos (ni a las herencias)

Sheinbaum descarta subir la carga fiscal

Sheinbaum cerró la puerta a nuevos impuestos y, en particular, a gravar las herencias. La promesa: no tocar la carga fiscal ni sumar figuras nuevas en lo que resta del sexenio (Infobae).

El anuncio suena bien y esconde un dilema. Sin más ingresos y con el crecimiento a la baja, la meta fiscal se cuadra recortando lo que se ejerce: el subejercicio que ya enfría la obra pública. No subir impuestos también tiene su factura (El Financiero).

Comentario BlackPaper: No crear impuestos es defendible, y esta casa lo aplaude. Pero la cuenta cuadra por el otro lado: si no entra más, se gasta menos de lo prometido. La disciplina por subejercicio no es virtud; es el ajuste que nadie firma y todos pagan en inversión parada.

Breves

• La Bolsa no festejó. El S&P/BMV IPC cayó 0.75% a 66,107 puntos pese al buen dato de inflación; el peso cerró casi plano en 17.56. La Fed pesó más que el INPC (Investing).

• El Niño, más fuerte. Sheinbaum advirtió un El Niño más intenso en 2026-2027: más lluvias y ciclones en el norte y riesgo de sequía en 2027. Presión sobre agua, agro y presupuesto de desastres (Infobae).

• Panamá en Palacio. La presidenta recibió al mandatario de Panamá; en la mesa, migración y la agenda comercial de una ruta que a México le importa (Milenio).

• El reloj del arancel 122. Los aranceles del 10% de la Sección 122 vencen el 24 de julio; la 3ª ronda del T-MEC es el 20. Dos fechas que el peso ya mira (El Financiero).

• De dónde viene el 3.37%. El desglose del INPC: aguacate y vivienda empujaron al alza; las verduras de alto consumo, a la baja. La canasta explica el freno (Excélsior).

En la mira

• 20 jul — Sentencia de El Mayo en Brooklyn y 3ª ronda del T-MEC.

• 24 jul — Vence la Sección 122 de aranceles.

• Banxico — su próxima decisión, con la subyacente en 4% y la Fed en pausa.

• ICE — la denuncia penal de México, primer test de la vía judicial.

In a company, every hire responds to a specific need. A chief financial officer must master finance; an operations manager must know the production processes; a head of human resources must know how to manage people. If these positions were filled purely out of friendship, loyalty, or favoritism, the organization would begin to decay from within. What is troubling is that, in many governments, this practice has been normalized through political appointments that place proximity to power above professional ability.

When decisions rest in the hands of unprepared people, improvisation replaces strategy. Problems are no longer prevented; they are addressed only once they have become crises. In a company, this kind of management would end in financial losses and, most likely, bankruptcy. In a government, the cost is far greater: failing hospitals, underfunded schools, unfinished public works, rising insecurity, and ever less efficient public services. The difference is that a company loses customers; a government puts the well-being of an entire society at risk.

There is another fundamental difference. Companies are required to measure their results constantly. If a project fails, if sales decline, or if productivity drops, executives must answer to investors and boards of directors. Some governments, by contrast, replace indicators with speeches, press conferences, and communication campaigns designed to convince the public that results are better than the facts actually show. Perception ends up displacing evidence.

Equally troubling is the absence of consequences for those who make bad decisions in public administration. In the private sector, an executive who accumulates failures is usually replaced to protect the organization’s stability. In politics, that is not always the case. Officials with poor track records can remain in office for partisan or political reasons, even when the results show they lack the abilities their duties demand. This lack of accountability weakens institutions and erodes public trust.

A modern government should manage talent with the same rigor as the most successful organizations. Public offices should be filled on the basis of merit, experience, leadership, technical ability, and commitment to public service. Public administration cannot keep operating as a space for rewarding political loyalties or repaying electoral favors. When merit stops being the main requirement, institutional efficiency becomes the exception rather than the rule.

Politics needs to understand that governing also means managing complex organizations. A ministry, a secretariat, or a public agency manages multimillion-dollar budgets, coordinates thousands of workers, and makes decisions that affect the daily lives of millions of people. If a company demands professionalism to protect its assets, a government should demand excellence all the more to protect the well-being of its citizens. Incompetence in the public sector is not merely poor administration; it is lost opportunity for an entire nation.

Society tends to demand results from companies because it knows that, otherwise, they will disappear from the market. Yet it is often far less demanding of those who manage public resources. Perhaps the time has come to apply the same principle to our governments: judge performance by results, require professional credentials for positions of high responsibility, and reject improvisation as a way of governing. A country’s future should not depend on the political loyalty of a few, but on the ability, the ethics, and the commitment of those who hold in their hands the decisions that matter most to everyone.

References

La dirección de organizaciones. (2009). La dirección de organizaciones: Un enfoque estratégico. Ciudad de México: McGraw-Hill Interamericana.

En una empresa, cada contratación responde a una necesidad específica. Un director financiero debe dominar las finanzas; un gerente de operaciones debe conocer los procesos productivos; un responsable de recursos humanos debe saber gestionar personas. Si estos cargos fueran ocupados únicamente por amistad, lealtad o favoritismo, la organización comenzaría a deteriorarse desde su interior. Lo preocupante es que, en muchos gobiernos, esta práctica se ha normalizado mediante nombramientos políticos que privilegian la cercanía al poder por encima de la capacidad profesional.

Cuando las decisiones quedan en manos de personas sin preparación, la improvisación sustituye a la estrategia. Los problemas dejan de prevenirse y únicamente se atienden cuando ya se han convertido en crisis. En una empresa, este tipo de administración terminaría provocando pérdidas económicas y, probablemente, la quiebra. En un gobierno, el costo es mucho mayor: hospitales con deficiencias, escuelas sin recursos, obras inconclusas, inseguridad creciente y servicios públicos cada vez menos eficientes. La diferencia es que una empresa pierde clientes; un gobierno pone en riesgo el bienestar de toda una sociedad.

Existe otra diferencia fundamental. Las empresas están obligadas a medir permanentemente sus resultados. Si un proyecto fracasa, si las ventas disminuyen o si la productividad cae, los directivos deben responder ante inversionistas y consejos administrativos. En cambio, algunos gobiernos sustituyen los indicadores por discursos, conferencias y campañas de comunicación que buscan convencer a la ciudadanía de que los resultados son mejores de lo que realmente muestran los hechos. La percepción termina desplazando a la evidencia.

También resulta preocupante la ausencia de consecuencias para quienes toman malas decisiones en la administración pública. En el sector privado, un directivo que acumula fracasos suele ser reemplazado para proteger la estabilidad de la organización. En la política, no siempre ocurre lo mismo. Funcionarios con un desempeño deficiente pueden permanecer en sus cargos por razones partidistas o políticas, aun cuando los resultados demuestren que no cuentan con las capacidades necesarias para ejercer sus funciones. Esta falta de rendición de cuentas debilita a las instituciones y reduce la confianza ciudadana.

Un gobierno moderno debería administrar el talento con el mismo rigor que las organizaciones más exitosas. Los cargos públicos tendrían que ocuparse mediante criterios de mérito, experiencia, liderazgo, capacidad técnica y compromiso con el servicio a la sociedad. La administración pública no puede seguir funcionando como un espacio para recompensar lealtades políticas o pagar favores electorales. Cuando el mérito deja de ser el principal requisito, la eficiencia institucional se convierte en una excepción y no en la regla.

La política necesita comprender que gobernar también implica gestionar organizaciones complejas. Un ministerio, una secretaría o una dependencia pública administran presupuestos millonarios, coordinan miles de trabajadores y toman decisiones que afectan la vida cotidiana de millones de personas. Si una empresa exige profesionalismo para proteger su patrimonio, con mayor razón un gobierno debería exigir excelencia para proteger el bienestar de sus ciudadanos. La incompetencia en el sector público no solo representa un mal desempeño administrativo; representa oportunidades perdidas para toda una nación.

La sociedad suele exigir resultados a las empresas porque sabe que, de lo contrario, desaparecerán del mercado. Sin embargo, con frecuencia es menos exigente con quienes administran los recursos públicos. Tal vez ha llegado el momento de aplicar el mismo principio a nuestros gobiernos: evaluar el desempeño por resultados, exigir perfiles profesionales para ocupar cargos de alta responsabilidad y rechazar la improvisación como forma de gobernar. El futuro de un país no debería depender de la lealtad política de unos cuantos, sino de la capacidad, la ética y el compromiso de quienes tienen en sus manos las decisiones más importantes para todos.

Referencias

La dirección de organizaciones. (2009). La dirección de organizaciones: Un enfoque estratégico. Ciudad de México: McGraw-Hill Interamericana.