Lenia Batres, la ministra más cara de la Corte

El 31 de octubre de 2026, la Suprema Corte de Justicia de la Nación actualizó la lista de personal de sus nueve ponencias. La de la ministra Lenia Batres Guadarrama registró 94 colaboradores, sin contarla a ella. Ninguna otra oficina del tribunal tiene tantos, según la Estructura Ocupacional de la SCJN.

Las nueve ponencias suman 649 personas, un promedio de 72 por ministro. Batres tiene 22 más que ese promedio y más del doble que el presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, que trabaja con 45. Después de ella vienen Arístides Guerrero (87), Yasmín Esquivel (77) y María Estela Ríos (76). La cuenta solo incluye al personal que depende de cada ministro; limpieza, seguridad, sistemas y administración pertenecen a otras áreas.

La oficina ya era la más grande antes de la nueva integración de la Corte. Al 31 de diciembre de 2024 tenía 82 plazas, cuando las otras ocho ponencias iban de 50 a 79. En 22 meses sumó 12.

Lo que cuesta

Los sueldos reales que la Corte reportó a la Plataforma Nacional de Transparencia con corte al 30 de junio de 2026 dan una nómina de 6.06 millones de pesos brutos al mes para la ponencia de Batres, 4.5 millones netos.

En un año, los sueldos suman 72.76 millones de pesos brutos. Las asignaciones adicionales agregan 15.35 millones, y los seguros, el fondo de reserva, los estímulos y la prima quinquenal, 0.64 millones más. El total es de 88.7 millones de pesos brutos antes de aguinaldo.

El aguinaldo se paga en diciembre y la Plataforma lo registrará hasta el cuarto trimestre. Con 40 días de la nómina bruta, el mínimo que fija la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, son 8.1 millones de pesos más. Con esa estimación de BlackPaper, la oficina cuesta 96.8 millones de pesos brutos al año.

En neto y con todo incluido, la oficina cuesta entre 73.1 y 76.4 millones de pesos al año. Va en rango porque el cálculo usa el mínimo y el máximo de aguinaldo y prima vacacional que fija por puesto el Manual de Remuneraciones del Poder Judicial de la Federación 2026, publicado en el Diario Oficial el 27 de febrero de 2026.

Es el monto más alto de las nueve ponencias, por poco margen. La de Loretta Ortiz cuesta 96.5 millones brutos con aguinaldo estimado, 300 mil pesos menos, y la de Sara Irene Herrerías, 93.2 millones. Las nueve juntas cuestan 765.5 millones de pesos brutos al año con aguinaldo estimado (701.1 millones sin él), y entre 576.1 y 598.5 millones netos con todo incluido.

Quiénes son los 94

Por nombre de plaza, 41 son jurídicas y 53 de apoyo. El grupo más numeroso es el de técnicos operativos, con 25 personas y sueldos de 25,357 a 36,298 pesos brutos al mes. Siguen 16 secretarios auxiliares de ponencia, 15 auxiliares de mandos medios y 14 secretarios auxiliares II.

Arriba hay nueve secretarios de estudio y cuenta: ocho adjuntos, con 126,371 pesos brutos al mes, y el coordinador de la ponencia, Netzaí Sandoval Ballesteros, con 170,101. Sandoval fue titular del Instituto Federal de Defensoría Pública de 2019 a 2023, según su ficha en la Cédula de Datos Biográficos de la SCJN.

La bandera de la austeridad

Batres llegó a la Corte con el discurso de la austeridad. En enero de 2024, recién asumido el cargo, pidió a la presidencia del tribunal que le ajustara el sueldo para no ganar más que el presidente de la República y que la inscribiera en el ISSSTE, según publicó Animal Político el 6 de enero de 2024.

El tamaño de su oficina ya había sido tema. El 1 de octubre de 2025, la ministra rechazó que los ministros tuvieran un número elevado de asesores políticos o administrativos, según Infobae. En julio de 2026 la cifra volvió a la discusión pública: una columna publicada en Expansión el 13 de julio de 2026 le contaba 95 colaboradores y advertía que no podían llamarse asesores políticos.