INEficiente
México convirtió al árbitro electoral en un suprarregulador capaz de vigilar partidos y ciudadanos. Bajo Taddei, esa concentración de poder confirma todos sus riesgos.
Hay quienes creen que el Instituto Nacional Electoral comenzó a deteriorarse con la llegada de Guadalupe Taddei. El problema viene de mucho antes. Taddei llegó a presidir una institución que durante años había acumulado atribuciones y capacidad de intervención sobre prácticamente todos los aspectos de la competencia política.
Si hay que señalar un momento decisivo, fue la reforma de 2014.
El viejo Instituto Federal Electoral tenía una tarea relativamente sencilla de explicar: organizar elecciones federales confiables, mantener actualizado el padrón, instalar casillas, capacitar ciudadanos y garantizar que los votos se contaran correctamente.
Su legitimidad dependía principalmente de cumplir bien esas funciones. El árbitro organizaba la elección y procuraba que los participantes compitieran sobre una cancha razonablemente pareja.
Con los años, México comenzó a cargar sobre la autoridad electoral una cantidad creciente de responsabilidades regulatorias.
Una primera expansión importante ocurrió después de la elección presidencial de 2006. La reforma de 2007-2008 convirtió al IFE en administrador único de los tiempos del Estado en radio y televisión en materia electoral. También extendió a personas físicas y morales la prohibición de contratar propaganda dirigida a influir en las preferencias electorales. El propio INE reconoce que el modelo actual de administración de tiempos en radio y televisión nació de aquella reforma.
Pero en 2014 ocurrió el cambio más profundo.
El IFE desapareció y nació el Instituto Nacional Electoral. La autoridad adquirió carácter nacional, comenzó a intervenir directamente en las elecciones locales, recibió facultades para designar a los consejeros de los organismos electorales estatales, concentró la fiscalización federal y local y obtuvo facultades para asumir funciones que antes correspondían a los institutos de los estados. El propio INE describió aquella transformación como el nacimiento de una autoridad nacional dotada de nuevas atribuciones.
El árbitro se convirtió en un enorme regulador de la política mexicana.
Hoy administra tiempos de radio y televisión, fiscaliza ingresos y gastos, investiga actos anticipados de campaña, vigila propaganda, dicta medidas cautelares, interviene en elecciones estatales, establece criterios sobre procesos internos de los partidos y participa en procedimientos que pueden terminar con publicaciones retiradas de internet.
La acumulación de atribuciones cambió la naturaleza del instituto.
Un organismo dedicado principalmente a instalar casillas y contar votos podía causar un daño enorme si desempeñaba mal esas tareas. Un organismo capaz de decidir cuándo comenzó una campaña, cuánto puede gastarse, qué constituye propaganda, qué expresiones producen una infracción y qué publicaciones deben retirarse puede intervenir sobre la competencia política mucho antes de que alguien deposite una boleta.
Mientras más poder acumula el árbitro, más depende todo el sistema de su independencia, prudencia e imparcialidad.
Y la expansión llegó hasta un extremo especialmente preocupante: el aparato electoral puede terminar sancionando a ciudadanos por sus críticas a políticos.
El caso de Karla María Estrella Murrieta lo demuestra.
El 14 de febrero de 2024 publicó en X un mensaje en el que cuestionaba la candidatura de Diana Karina Barreras y sugería que su esposo, el político morenista Sergio Gutiérrez Luna, había influido para conseguirla. El mensaje decía: “Así estaría el berrinche de Sergio Gutiérrez Luna para que incluyeran a su esposa, que tuvieron que desmadrar las fórmulas para darle una candidatura. Cero pruebas y cero dudas”.
Barreras denunció violencia política contra las mujeres en razón de género y el aparato electoral comenzó a funcionar.
Karla Estrella terminó multada, obligada a tomar un curso, inscrita durante un año y seis meses en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres y condenada a publicar durante 30 días consecutivos una disculpa establecida por la autoridad.
La enorme maquinaria jurídica del Estado cayó sobre una ciudadana por un tuit en el que cuestionó un posible caso de nepotismo político.
Ahí tenemos una inversión muy peligrosa de la relación entre poder y ciudadanía.
Las leyes deberían servir principalmente para limitar al poder frente al ciudadano, no para limitar al ciudadano frente al poder. La crítica política merece una protección especialmente amplia porque quien busca un cargo público debe someterse a un grado de escrutinio mucho mayor que un particular.
Los políticos tienen partidos, estructuras, presupuesto, abogados, asesores, acceso a medios e instituciones.
El ciudadano solo tiene su voz.
Cuando el Estado utiliza toda su capacidad coercitiva para castigar una crítica política, la relación democrática comienza a voltearse de cabeza.
También en 2023, la Comisión de Quejas del INE ordenó retirar 159 publicaciones de Ricardo Salinas Pliego después de una denuncia de Citlalli Hernández.
Cada expediente tiene características jurídicas distintas. El patrón institucional, sin embargo, resulta evidente: construimos una autoridad electoral que ya tiene capacidad para entrar directamente en la conversación pública y decidir sobre expresiones realizadas por ciudadanos, periodistas y empresarios cuando éstos se enfrentan con personajes políticos.
El contraste resulta todavía más escandaloso cuando observamos lo que sucede actualmente rumbo a las elecciones de 2027.
Morena adelantó su proceso interno y organizó la selección de las llamadas Coordinaciones Estatales de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional. Las reglas establecidas por el propio partido contemplan encuestas para medir reconocimiento, cercanía y trabajo territorial, y señalan que quien resulte seleccionado como coordinador posteriormente se convertirá en candidatura.
Es difícil imaginar una descripción más transparente de un proceso de posicionamiento preelectoral.
Los aspirantes recorren estados, realizan asambleas, construyen reconocimiento, fortalecen estructuras y compiten por una posición que terminará convertida en candidatura.
La defensa de Morena llegó el 4 de agosto de 2026 por boca de Citlalli Hernández. Rechazó que se estuvieran realizando actos anticipados de campaña y sostuvo que se trataba de “activismo político”, porque no estaban solicitando el voto y todavía no había comenzado el proceso electoral.
El argumento sería divertido si el INE aplicara la misma imaginación jurídica a los ciudadanos.
Porque la legislación y los precedentes electorales llevan años precisamente intentando impedir que baste con cambiarle el nombre a una campaña para eludir las reglas.
El propio Tribunal Electoral ha establecido que los actos anticipados pueden producirse incluso antes del inicio formal del proceso electoral. También ha desarrollado criterios para analizar si existe una búsqueda de posicionamiento o apoyo aunque no aparezca literalmente una solicitud de voto.
Entonces la explicación de que todavía no existe proceso electoral resulta insuficiente.
Y decir que alguien realiza “activismo político” tampoco resuelve demasiado.
Morena ya perfeccionó esta ingeniería semántica en 2023. Claudia Sheinbaum todavía no era formalmente candidata presidencial cuando competía por convertirse en Coordinadora Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación. Después fue candidata y después presidenta.
Ahora tenemos coordinadores estatales.
Los aspirantes que buscan convertirse en candidatos todavía no son precandidatos. Los recorridos destinados a incrementar reconocimiento todavía no son precampañas. Las estructuras territoriales todavía son activismo. Las encuestas que decidirán quién terminará como candidato todavía forman parte de un proceso partidista.
Todo funciona mientras aceptemos que cambiarle el nombre a las cosas cambia también su naturaleza.
El INE puede escudriñar las palabras de Karla Estrella para determinar si un tuit merece una sanción, pero frente a cientos de políticos posicionándose anticipadamente parece sufrir una repentina incapacidad para interpretar el contexto.
Esa es precisamente la clase de problema que produce un sistema sobrerregulado cuando las reglas dejan de aplicarse con la misma intensidad.
Y aquí entra Guadalupe Taddei.
Porque la concentración de atribuciones sería menos peligrosa si quienes administran el Instituto disfrutaran de una confianza extraordinaria. La presidencia de Taddei acumula ya demasiados episodios de opacidad, posibles conflictos de interés, contrataciones cuestionadas y decisiones administrativas polémicas como para ignorarlos.
Uno de los casos más graves es el de Jesús Octavio García González.
En enero de 2025 García participó como representante de Corporativo Zeg en una licitación del INE para suministrar urnas, mamparas y otros materiales de la elección judicial. El monto máximo era de aproximadamente 197 millones de pesos. Apenas siete meses después pasó del lado de los proveedores al lado de la administración: Guadalupe Taddei lo nombró responsable de la Dirección Ejecutiva de Administración del INE, una de las áreas que manejan los recursos y contrataciones del Instituto. El caso produjo una denuncia ante el Órgano Interno de Control por posible conflicto de interés y abuso de funciones.
El antecedente vuelve el asunto todavía más delicado.
Cuando Guadalupe Taddei presidía el Instituto Estatal Electoral de Sonora, ese organismo otorgó en 2021 un contrato de aproximadamente 46 millones de pesos a Cajas Graf, empresa que entonces representaba el mismo Jesús Octavio García González. Años después, Taddei llegó al INE y García terminó administrando recursos del organismo nacional.
La consejera Dania Ravel señaló públicamente que la responsabilidad del nombramiento correspondía exclusivamente a Taddei, pues una modificación legal permitió a la presidenta del Instituto designar directamente a titulares de direcciones ejecutivas y unidades técnicas sin que los demás consejeros validaran el perfil.
Taddei negó que existiera un conflicto de interés. García González finalmente dejó el cargo en abril de 2026, después de meses de cuestionamientos.
Y ese no es el único episodio.
En enero de 2026 se conoció que el INE había adjudicado un millón 57 mil 688 pesos para producir un documental sobre la elección judicial a Gilberto Solís Mendívi, identificado como cercano a Lourdes Piña, asesora de Guadalupe Taddei. Otros consejeros se deslindaron de la contratación.
Por las mismas fechas, integrantes del Consejo descubrieron que en instalaciones del INE se habían colocado cámaras de vigilancia con micrófonos, torniquetes, lectores electrónicos y otros sistemas de seguridad sin que la decisión hubiera sido discutida con ellos. Martín Faz reclamó que la información había llegado “a cuentagotas”, que se les había informado de una asignación directa y que ni siquiera conocían inicialmente el costo ni el proveedor. Parte de la información fue reservada argumentando razones de seguridad.
Aquí ya no hablamos únicamente de diferencias ideológicas entre consejeros. Estamos hablando de cómo se gasta el dinero, quién recibe contratos, quién es nombrado para administrarlo y cuánto conocen de esas decisiones los propios integrantes del Consejo General.
También resultó polémica la llegada de Claudia Arlett Espino a la Secretaría Ejecutiva del Instituto, propuesta por Taddei. Fue aprobada por diez votos contra uno mientras enfrentaba investigaciones por presuntas irregularidades relacionadas con su etapa en el Instituto Electoral de Chihuahua. Carla Humphrey fue la única consejera que votó en contra y planteó cuestionamientos jurídicos sobre su nombramiento.
A esto se suma una cercanía política que inevitablemente pesa sobre la percepción de independencia de la presidenta del árbitro electoral. Integrantes de la familia Taddei han ocupado distintos puestos en administraciones vinculadas con la llamada Cuarta Transformación. Su hijo, Luis Rogelio Piñeda Taddei, por ejemplo, recibió un cargo en el gobierno de Sonora encabezado por Alfonso Durazo.
Nada de esto autoriza a inventar culpabilidades. Una denuncia por conflicto de interés no equivale a una sentencia y una contratación cuestionada tampoco demuestra automáticamente corrupción.
Pero tampoco podemos fingir que todo esto es irrelevante.
Cuando una institución concentra semejante capacidad para regular a partidos, candidatos y ciudadanos, la sospecha de conflicto de interés de quien administra cientos de millones de pesos importa. La opacidad importa. Los vínculos políticos importan. Los nombramientos cuestionados importan.
Y sobre todo importa porque el problema institucional va mucho más allá de Guadalupe Taddei.
Durante décadas México respondió a cada controversia electoral añadiendo una regulación nueva.
Cuando preocupaba el dinero, aumentamos la fiscalización. Cuando preocupaban los medios, regulamos los tiempos de radio y televisión. Cuando preocupaban las campañas adelantadas, creamos prohibiciones contra los actos anticipados. Cuando la conversación política se trasladó a las redes sociales, el aparato sancionador terminó llegando también a las redes.
Cada medida podía parecer razonable aisladamente. Acumuladas, construyeron un monstruo regulatorio.
Cada nueva prohibición necesita una definición. Cada definición necesita criterios. Cada criterio produce excepciones. Cada excepción genera litigios. Y al final dejamos una cantidad enorme de decisiones políticas en manos de quienes interpretan las reglas.
Cuando el árbitro pierde independencia o credibilidad, las mismas facultades concebidas para garantizar una competencia justa se convierten en herramientas extraordinariamente poderosas para distorsionarla.
Una regulación sobre actos anticipados puede impedir que alguien se adelante ilegalmente o puede tolerarse mientras el partido gobernante llama “activismo” a sus recorridos.
Una regulación de propaganda puede proteger la equidad o utilizarse selectivamente.
Una legislación concebida para proteger a las mujeres de auténtica violencia política puede terminar obligando a una ciudadana a disculparse durante treinta días por cuestionar el posible nepotismo de una política.
El problema de darle demasiado poder al árbitro aparece cuando alguien consigue controlar al árbitro. Entonces las reglas dejan de ser únicamente límites para el poder. También pueden convertirse en barreras para quienes compiten contra él.
Por eso creo que idealizamos demasiado al INE cuando discutimos su futuro. El viejo IFE también tuvo problemas y la expansión de sus facultades había comenzado desde la reforma de 2007. Pero en 2014 cambió definitivamente su naturaleza. México pasó de una autoridad esencialmente federal a una institución nacional que fiscaliza, administra, supervisa, interpreta, sanciona y participa prácticamente en todos los rincones de la competencia política.
Un buen instituto electoral tendría que hacer extraordinariamente bien unas cuantas tareas fundamentales: mantener un padrón confiable, instalar casillas, garantizar que todos puedan votar, contar correctamente los votos, fiscalizar con reglas claras el dinero de las campañas y ofrecer resultados verificables.
Mientras más sencillo sea el reglamento, menos margen existe para aplicarlo de manera distinta dependiendo de quién esté enfrente. Mientras menos facultades discrecionales tenga una autoridad, menos rentable resulta capturarla.
La obsesión mexicana por controlar cada aspecto de la política produjo exactamente el riesgo que pretendíamos evitar: un árbitro tan poderoso que controlar al árbitro puede ser más importante que violar las reglas del juego.
Ahí comenzó la decadencia institucional que hoy resulta evidente. El árbitro que se supone debería garantizar la democracia, se convirtió en la herramienta de una dictadura.
Y por eso el problema actual del INE ya no consiste solamente en preguntarnos si contará correctamente nuestros votos.
Tenemos que preguntarnos si aplicará con el mismo rigor las reglas al gobierno y a la oposición; si llamará campaña a una campaña aunque el partido en el poder decida llamarla “activismo”; si investigará con la misma energía a quienes controlan enormes estructuras partidistas que a una ciudadana que escribió un tuit; si administrará sus recursos sin conflictos de interés; y si conservará suficiente independencia para enfrentarse al poder cuando realmente sea necesario.
Le dimos demasiado poder al árbitro.
Ahora estamos descubriendo cuánto puede costarnos cuando damos demasiado poder a una institución, por “autónoma” que sea.
