La gestión del poder

Lo que los gobiernos deberían aprender de las empresas

Una empresa privada difícilmente sobrevive cuando comienza a llenar sus puestos de trabajo con personas que no cuentan con la preparación, la experiencia o el perfil adecuado. Las consecuencias aparecen rápidamente: disminuye la productividad, aumentan los errores, se desperdician los recursos y los clientes pierden la confianza. En el mundo empresarial, la incompetencia tiene un costo inmediato porque el mercado castiga a las organizaciones que no ofrecen resultados. Sin embargo, cuando este mismo problema ocurre dentro de un gobierno, las consecuencias suelen extenderse durante años y afectan directamente a millones de ciudadanos.

En una empresa, cada contratación responde a una necesidad específica. Un director financiero debe dominar las finanzas; un gerente de operaciones debe conocer los procesos productivos; un responsable de recursos humanos debe saber gestionar personas. Si estos cargos fueran ocupados únicamente por amistad, lealtad o favoritismo, la organización comenzaría a deteriorarse desde su interior. Lo preocupante es que, en muchos gobiernos, esta práctica se ha normalizado mediante nombramientos políticos que privilegian la cercanía al poder por encima de la capacidad profesional.

Cuando las decisiones quedan en manos de personas sin preparación, la improvisación sustituye a la estrategia. Los problemas dejan de prevenirse y únicamente se atienden cuando ya se han convertido en crisis. En una empresa, este tipo de administración terminaría provocando pérdidas económicas y, probablemente, la quiebra. En un gobierno, el costo es mucho mayor: hospitales con deficiencias, escuelas sin recursos, obras inconclusas, inseguridad creciente y servicios públicos cada vez menos eficientes. La diferencia es que una empresa pierde clientes; un gobierno pone en riesgo el bienestar de toda una sociedad.

Existe otra diferencia fundamental. Las empresas están obligadas a medir permanentemente sus resultados. Si un proyecto fracasa, si las ventas disminuyen o si la productividad cae, los directivos deben responder ante inversionistas y consejos administrativos. En cambio, algunos gobiernos sustituyen los indicadores por discursos, conferencias y campañas de comunicación que buscan convencer a la ciudadanía de que los resultados son mejores de lo que realmente muestran los hechos. La percepción termina desplazando a la evidencia.

También resulta preocupante la ausencia de consecuencias para quienes toman malas decisiones en la administración pública. En el sector privado, un directivo que acumula fracasos suele ser reemplazado para proteger la estabilidad de la organización. En la política, no siempre ocurre lo mismo. Funcionarios con un desempeño deficiente pueden permanecer en sus cargos por razones partidistas o políticas, aun cuando los resultados demuestren que no cuentan con las capacidades necesarias para ejercer sus funciones. Esta falta de rendición de cuentas debilita a las instituciones y reduce la confianza ciudadana.

Un gobierno moderno debería administrar el talento con el mismo rigor que las organizaciones más exitosas. Los cargos públicos tendrían que ocuparse mediante criterios de mérito, experiencia, liderazgo, capacidad técnica y compromiso con el servicio a la sociedad. La administración pública no puede seguir funcionando como un espacio para recompensar lealtades políticas o pagar favores electorales. Cuando el mérito deja de ser el principal requisito, la eficiencia institucional se convierte en una excepción y no en la regla.

La política necesita comprender que gobernar también implica gestionar organizaciones complejas. Un ministerio, una secretaría o una dependencia pública administran presupuestos millonarios, coordinan miles de trabajadores y toman decisiones que afectan la vida cotidiana de millones de personas. Si una empresa exige profesionalismo para proteger su patrimonio, con mayor razón un gobierno debería exigir excelencia para proteger el bienestar de sus ciudadanos. La incompetencia en el sector público no solo representa un mal desempeño administrativo; representa oportunidades perdidas para toda una nación.

La sociedad suele exigir resultados a las empresas porque sabe que, de lo contrario, desaparecerán del mercado. Sin embargo, con frecuencia es menos exigente con quienes administran los recursos públicos. Tal vez ha llegado el momento de aplicar el mismo principio a nuestros gobiernos: evaluar el desempeño por resultados, exigir perfiles profesionales para ocupar cargos de alta responsabilidad y rechazar la improvisación como forma de gobernar. El futuro de un país no debería depender de la lealtad política de unos cuantos, sino de la capacidad, la ética y el compromiso de quienes tienen en sus manos las decisiones más importantes para todos.

Referencias

La dirección de organizaciones. (2009). La dirección de organizaciones: Un enfoque estratégico. Ciudad de México: McGraw-Hill Interamericana.