Morena se está blindando para el 2030: Arturo Villegas
Dos reformas que parecen técnicas. Juntas, son un seguro contra perder el poder.
Hay reformas que parecen técnicas o incluso bien intencionadas. Pero cuando se observan en conjunto y bajo el contexto político que vive México, dejan de parecer coincidencias.
Las reformas electorales impulsadas por Claudia Sheinbaum y Ricardo Monreal —una para “evitar” que personas vinculadas al crimen organizado sean candidatas y otra para anular elecciones cuando exista “injerencia extranjera”— son un movimiento preventivo. Una forma de blindarse ante un escenario que el oficialismo considera cada vez más probable: perder el control político y enfrentar presión internacional.
El primer candado
Dentro de Palacio Nacional existe un claro nerviosismo de que Morena sea declarada como organización terrorista, porque las acusaciones sobre vínculos entre actores políticos y el crimen organizado ya no son solamente un debate nacional; el tema ya es una prioridad para Estados Unidos y ocupa planos internacionales.
Por eso Claudia Sheinbaum impulsa una reforma que supuestamente impediría que personajes ligados al crimen organizado puedan competir por cargos públicos. En el discurso suena perfecto, pero el problema siempre está en quién opera las instituciones… todos afines al régimen.
Es un hecho que la presidenta le habría comentado esta propuesta al secretario de Seguridad estadounidense, Markwayne Mullin, donde se habría comprometido a que la comisión del INE encargada del proceso sería autónoma, tecnócrata y no ideológica.
La pregunta es inevitable: ¿quién decidirá qué político está vinculado al crimen organizado y cuál no?
Porque en un país con instituciones políticamente capturadas, cualquier comisión “técnica” puede terminar funcionando como un instrumento de control político.
El segundo candado
La segunda pieza llegó de la mano de Ricardo Monreal.
Su propuesta plantea anular elecciones cuando exista intervención extranjera destinada a alterar la voluntad popular. El problema es que la redacción es tan ambigua que prácticamente todo podría entrar en esa definición: presión política, económica, diplomática o mediática.
Desde investigaciones periodísticas internacionales hasta publicaciones en redes sociales podrían convertirse en motivo de controversia electoral. Incluso un tuit podría interpretarse como “presión mediática”.
Y si el resultado termina judicializado, el asunto llegaría al TEPJF, un órgano hoy secuestrado por el oficialismo.
No se necesita demasiada imaginación para prever hacia dónde podrían inclinarse ciertas resoluciones cuando el Tribunal Electoral tenga que decidir entre anular una elección o no.
Estas reformas parecen menos un fortalecimiento democrático y más un intento de “amarrarse el dedo antes de la herida”.
El escenario que realmente temen
Existe un escenario particularmente incómodo para Morena: el triunfo de la derecha en Brasil y Colombia, sumado a la inevitable caída del régimen cubano. Este escenario se podría dar a finales de este mismo año.
Eso dejaría a México prácticamente como el último gran bastión del socialismo latinoamericano en la región.
Sin respaldo internacional, Morena tendría muchas más dificultades para legitimar procesos electorales fraudulentos. Además, cualquier señalamiento sobre presuntas operaciones del crimen organizado en elecciones mexicanas tendría impacto continental.
Y aquí surge la gran pregunta:
Si Morena llegara a perder una elección importante en 2027 o 2030, ¿qué impediría que el oficialismo argumente “injerencia extranjera” para intentar anular el resultado?
La ley de Monreal abre precisamente esa puerta.
Cuando un régimen se siente amenazado
La 4T entiende algo que hace unos años parecía impensable: ya no controla la narrativa nacional ni internacional.
En el terreno digital prácticamente ha perdido la batalla cultural.
Y cuando un régimen percibe amenazado su poder, rara vez se vuelve más flexible. Se vuelve más defensivo. Más reactivo. Más peligroso.
Una mención necesaria
Quiero hacer una mención especial a periodistas, investigadores y ciudadanos que todos los días señalan, documentan y denuncian corrupción, abusos e ineficacia gubernamental.
Muchos lo hacen enfrentando campañas de desprestigio, amenazas y presión política.
Dios los bendiga y los cuide siempre.
Porque señalar al poder, cuando el poder no quiere ser señalado, requiere valentía.
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